19 MAYO 2025

JUICIO

DELIMITACIÓN TERRESTRE Y MARÍTIMA 

Y LA SOBERANÍA SOBRE LAS ISLAS 

(GABÓN/GUINEA ECUATORIAL)

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 DÉLIMITATION TERRESTRE ET MARITIME 

ET SOUVERAINETÉ SUR DES ÎLES

(GABON/GUINÉE ÉQUATORIALE)

19 MAI 2025

ARRÊT

CONTENIDOS

CRONOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO

 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

AÑO 2025

        2025

   19 de mayo

  Lista general

      No. 179

19 mayo 2025

DELIMITACIÓN TERRESTRE Y MARÍTIMA 

Y LA SOBERANÍA SOBRE LAS ISLAS

(GABÓN/GUINEA ECUATORIAL)

                 Antecedentes geográficos e históricos.

 Geografía — Gabón y Guinea Ecuatorial situados en la costa occidental de África Central — Accidentes marítimos en la bahía de Corisco — Presencia, en la bahía de Corisco, de tres accidentes marítimos sobre los que las Partes disputan su soberanía, a saber, Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga.

 Historia — Tratado de Amistad y Comercio de El Pardo (Tratado de El Pardo) firmado por Portugal y España en 1778 — Afirmación por España de la soberanía sobre la isla de Corisco y sus dependencias — Convención especial sobre la delimitación de las posesiones francesas y españolas en África Occidental, en las costas del Sahara y del Golfo de Guinea, concertada en 1900 (Convención de 1900) — Comisión para delimitar sobre el terreno la frontera entre los territorios coloniales de España y Francia (1901 Comisión — Cambios y correcciones a la frontera propuestos por la Comisión de 1901 — Río Kie designado como frontera "provisional" por acuerdo entre los Gobernadores Generales de España y Francia en 1919 ("Acuerdo de Gobernadores de 1919") — Gabón se independizó de Francia en 1960 — Guinea Ecuatorial se independizó de España en 1968 — Firma en 1974 por Gabón y Guinea Ecuatorial del documento titulado "Convenio de delimitación de las fronteras terrestres y marítimas de Guinea Ecuatorial y Gabón"  ("Convención de Bata").

*           *

             Tarea de la Corte en virtud del Acuerdo Especial.                  

 Artículo 1, párrafo 1, del Acuerdo Especial — Tribunal al que no se le pidió que delimitara las fronteras terrestres y marítimas ni que determinara la soberanía sobre Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga — La tarea de la Corte es determinar si los títulos jurídicos, los tratados y las convenciones internacionales invocados por las Partes tienen fuerza de ley en sus relaciones — Interpretación de la expresión "títulos jurídicos" en el artículo 1,  párrafo 1 del Acuerdo Especial.

*           *

      La "Convención de Bata".

 Si el "Convenio de Bata" es un tratado y, por lo tanto, un título jurídico en el sentido del artículo 1 del Acuerdo Especial — La intención de las partes de obligarse jurídicamente es necesaria para que un instrumento constituya un tratado — La intención puede ser expresa o inferida — La presencia de indicaciones concordantes puede ser más decisiva que cualquier indicación tomada individualmente.

 Términos del "Convenio de Bata" — Elementos que ofrecen indicios de que las Partes pueden haber tenido la intención de obligarse jurídicamente — Dudas sobre la intención de las Partes de establecer definitivamente sus fronteras terrestres y marítimas comunes.

 Circunstancias en las que se redactó el "Convenio de Bata" — Información limitada y contradictoria.

 Conducta posterior de las Partes — Las Partes nunca han dado efecto a las disposiciones de la "Convención de Bata" — La conducta posterior de las Partes a lo largo de muchos decenios de negociaciones proporciona un fuerte indicio de que no se habían entendido a sí mismas como celebrando un tratado con fuerza de ley — Los intercambios diplomáticos confirman que las Partes no consideraron en ningún momento que la "Convención de Bata" fuera vinculante para ellas — La conducta posterior de las Partes proporciona indicios convincentes de que no lo hicieron considerar la "Convención de Bata" como un tratado.

 La "Convención de Bata" no constituye un título jurídico en el sentido del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo Especial.

*    *

 Los títulos legales, tratados y convenios internacionales invocados por las Partes en relación con la delimitación de sus límites territoriales comunes.

 Las Partes sucedieron en el momento de la independencia el título de propiedad del territorio en poder de España y Francia, respectivamente, sobre la base de la Convención de 1900, independientemente de que la frontera descrita en la Convención de 1900 se modificara de conformidad con los procedimientos establecidos en dicha Convención, con respecto a la zona del río Utamboni y la zona del río Kie. 

 Zona del río Utamboni — Aprobación por España y Francia de la propuesta formulada por la Comisión de 1901 — No aprobación por decisión formal — No aprobación por conducta de España y Francia — La frontera de la zona descrita en la Convención de 1900 no fue modificada de conformidad con los procedimientos establecidos en ella.

 Zona del río Kie — Acuerdo de las Partes en el sentido de que la propuesta de la Comisión de 1901 no fue aprobada por España y Francia — Pertinencia del Acuerdo de Gobernadores de 1919 — Tribunal no llamado a determinar si el Acuerdo de Gobernadores de 1919 constituye un título jurídico autónomo — Línea temporal y provisional adoptada por el Acuerdo de Gobernadores de 1919 — La frontera en la zona descrita en la Convención de 1900 no fue modificada de conformidad con los procedimientos establecidos en ella.

*

 Conclusión general — Los títulos jurídicos que se refieren a la delimitación de la frontera terrestre común de las Partes son los títulos que Francia poseía el 17 de agosto de 1960 y España el 12 de octubre de 1968, sobre la base de la Convención de 1900, a los que sucedieron respectivamente Gabón y Guinea Ecuatorial — No se impide a las Partes acordar la adaptación de sus fronteras territoriales.

*    *

 Los títulos jurídicos, tratados y convenios internacionales invocados por las Partes en materia de soberanía sobre Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga.

    Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga en las proximidades de la isla de Corisco —

Las islas se tratarán como una sola unidad.

 Títulos invocados por las Partes — Relevancia del Tratado de El Pardo — Ninguna referencia en el Tratado ni a Corisco ni a Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga — El Tratado de El Pardo no puede considerarse como fuente de la titularidad de España sobre las tres islas.

 Demostración intencionada de autoridad sobre el territorio mediante el ejercicio de las funciones del Estado — La exhibición debe ser continua e indiscutible — Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga consideradas por España y Francia como "dependencias" de la isla de Corisco — Francia aceptó el título de España sobre Mbanié/Mbañe antes de 1900 — Convención de 1900 en consonancia con la reclamación de España sobre Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga — España siguió ejerciendo autoridad sobre Mbanié/Mbañe,  Cocotiers/Cocoteros y Conga sin protesta de Francia después de la conclusión de la Convención de 1900 — Gabón siguió reconociendo el título de España sobre Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga después de lograr la independencia en 1960 — España, como Potencia colonial, tenía el título de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga — La conducta de las partes indica que Guinea Ecuatorial mantuvo el control sobre las tres islas después de lograr la independencia en 1960.

1968 — El título que tiene fuerza de ley en las relaciones entre las Partes en lo que se refiere a la soberanía sobre Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga es el título que ostentaba España, al que Guinea Ecuatorial sucedió cuando alcanzó la independencia.

*    *

 Los títulos legales, tratados y convenios internacionales invocados por las Partes en relación con la delimitación de su frontera marítima común.

 Convención de 1900 — Artículo IV de la Convención de 1900 que ha determinado el término de la frontera terrestre — La Convención de 1900 constituye un título legal en el sentido del artículo 1 del Acuerdo Especial en la medida en que estableció el término de la frontera terrestre.

 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) — Ambos Estados son partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar — La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no es en sí misma la fuente de un derecho a zonas marítimas específicas — La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no constituye un título jurídico en el sentido del artículo 1 del Acuerdo Especial — La Convención es un convenio internacional que tiene fuerza de ley en las relaciones entre las Partes en el sentido del artículo 1 del Acuerdo Especial.

 Derecho internacional consuetudinario — El derecho internacional consuetudinario no constituye un título jurídico en el sentido del artículo 1 del Acuerdo Especial.

JUICIO

Presentes: Vicepresidente SEBUTINDE, Presidente Interino; el Presidente IWASAWA; Magistrados TOMKA, ABRAHAM, YUSUF, XUE, NOLTE, CHARLESWORTH, BRANT, GÓMEZ ROBLEDO, CLEVELAND, AURESCU, TLADI; Jueces ad hoc WOLFRUM, PINTO; Registrador GAUTIER.

  En el caso de la delimitación terrestre y marítima y de la soberanía sobre las islas,

         entre 

la República Gabonesa, representada por 

Excmo. Sr. Régis Onanga Ndiaye, Ministro de Asuntos Exteriores, encargado de la Integración Subregional y de los Gabones Residentes en el Extranjero;

Excmo. Sr. Sr. Paul-Marie Gondjout, Ministro de Justicia, Guardián de los Sellos; como miembros de la Delegación;

Excma. Sra. Marie-Madeleine Mborantsuo, Presidenta de Honor del Tribunal Constitucional,

    como Agente;

Excmo. Sr. D. Guy Rossatanga-Rignault, Secretario General de la Oficina del Presidente de la República, en calidad de Coagente, Consejero y Abogado;

Excmo. Sr. Serge Mickoto Chavagne, Embajador de la República Gabonesa ante el Reino de Bélgica, el Reino de los Países Bajos, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Unión Europea,

    como Co-Agente;

Sr. Ben Juratowitch, KC, miembro del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, miembro del Colegio de Abogados de París, Essex Court Chambers, Londres,

Sra. Alina Miron, Profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Angers, miembro del Colegio de Abogados de París, socia fundadora de FAR Avocats,

Sr. Daniel Müller, miembro del Colegio de Abogados de París, Socio Fundador de FAR Avocats,

Sr. Alain Pellet, Profesor Emérito de la Universidad de París Nanterre, ex Presidente de la Comisión de Derecho Internacional, miembro y ex Presidente del Instituto de Derecho Internacional,

Sra. Isabelle Rouche, miembro del Colegio de Abogados de París, Asafo & Co.,

Sra. Camille Strosser, miembro del Colegio de Abogados de París y del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,

Sr. Romain Piéri, miembro del Colegio de Abogados de París, socio fundador de FAR Avocats,

Sra. Élise Ruggeri Abonnat, Profesora Titular de la Universidad de Lille,

Sr. Ysam Soualhi, doctorando, Facultad de Derecho, Universidad de Angers,

Sr. David Swanson, David Swanson Cartografía, LLC,

Sr. Samir Moukheiber, abogado en prácticas, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,   como Consejeros y Defensores,

         y  

la República de Guinea Ecuatorial, representada por 

Excmo. Sr. D. Domingo Mba Esono, Ministro Delegado de Hidrocarburos y Desarrollo Minero,

    como Agente;                                        

Excmo. Sr. D. Carmelo Nvono Ncá, Embajador de la República de Guinea Ecuatorial en la República Francesa, el Principado de Mónaco y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,

    como Co-Agente;

Excmo. Sr. D. Simeón Oyono Esono Angué, Ministro de Estado de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Diáspora,

Excmo. Sr. D. Pastor Micha Ondó Bile, Consejero de la Presidencia del Gobierno,

Excmo. Sr. D. Juan Olo Mba Nseng, Consejero de la Presidencia del Gobierno,

Excmo. Sr. D. Rafael Boneke Kama, Consejero de la Presidencia del Gobierno,

Excmo. Sr. D. Lamberto Esono Mba, Secretario General del Defensor del Pueblo, Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Malabo,

Excma. Sra. Dña. Rosalía Nguidang Abeso, Directora General de Fronteras, Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Malabo,

Excmo. Sr. D. Pascual Nsue Eyi Asangono, Director General de Asuntos Consulares, Culturales, Jurídicos y de la Diáspora, Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Malabo,

Excmo. Sr. D. Miguel Oyono Ndong Mifumu, Embajador de la República de Guinea Ecuatorial en el Reino de Bélgica,

D. Francisco Moro Nve, Abogado del Estado, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Malabo,

D. Aquiles Nach Dueso, Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Malabo,

Excmo. Sr. D. Domingo Esawong Ngua, funcionario del Ministerio de Defensa Nacional,

el Sr. Asensi Buanga Beaka, funcionario del Ministerio de Hidrocarburos y Desarrollo Minero, como miembros de la delegación;

Sr. Derek C. Smith, Abogado, Foley Hoag LLP, miembro del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia,

Excmo. Sr. D. Anatolio Nzang Nguema Mangue, Procurador General de la República de Guinea Ecuatorial, Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Malabo,

Sr. Dapo Akande, Profesor Chichele de Derecho Internacional Público, Universidad de Oxford, Barrister, miembro del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, Sala del Tribunal de Essex, miembro de la Comisión de Derecho Internacional,

Sr. Pierre d'Argent, Catedrático de la Université catholique de Louvain, miembro del Institut de droit international, Foley Hoag LLP, miembro del Colegio de Abogados de Bruselas,

Sr. Andrew B. Loewenstein, Abogado, Foley Hoag LLP, miembro del Colegio de Abogados de la Mancomunidad de Massachusetts,

      Sra. Alison Macdonald, KC, Barrister, Essex Court Chambers, Londres,                                                           

Sr. Yuri Parkhomenko, Abogado, Foley Hoag LLP, miembro del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia,

Sra. Tafadzwa Pasipanodya, Abogada de Foley Hoag LLP, miembro de los Colegios de Abogados del Distrito de Columbia y del Estado de Nueva York,

Sr. Paul S. Reichler, Abogado, 11 King's Bench Walk, miembro de los Colegios de Abogados del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y del Distrito de Columbia,

Sr. Philippe Sands, KC, Profesor de Derecho Internacional, University College London, Barrister, 11 King's Bench Walk, en calidad de abogado y abogados;

Sr. Diego Cadena, Abogado, Foley Hoag LLP, miembro del Colegio de Abogados del Ecuador,

Dña. Alejandra Torres Camprubí, Profesora Asociada de Derecho Internacional del Medio Ambiente, IE Law School, miembro de los Colegios de Abogados de Madrid y París,

Sr. Baldomero Casado, Abogado, Foley Hoag LLP, miembro de los Colegios de Abogados de Texas y Madrid,

Sr. Coalter G. Lathrop, Sovereign Geographic, miembro del Colegio de Abogados de Carolina del Norte,

Sr. Remi Reichhold, Barrister, 11 King's Bench Walk,

Sr. Peter Tzeng, Abogado, Foley Hoag LLP, miembro de los Colegios de Abogados del Distrito de Columbia y del Estado de Nueva York,

Sra. Elena Sotnikova, Foley Hoag LLP,

Sr. M. Arsalan Suleman, Abogado, Foley Hoag LLP, miembro de los Colegios de Abogados del Distrito de Columbia y del Estado de Nueva York,

como Consejero; 

Sra. Gretchen Sánchez, Foley Hoag LLP, 

Sra. Nancy López, Foley Hoag LLP,  como Asistentes,

  EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

compuesto como se indica arriba,  Después de la deliberación,  dicta la siguiente Sentencia: 

1.  El 5 de marzo de 2021, la República de Guinea Ecuatorial notificó oficialmente a la Corte el "Acuerdo Especial entre la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial" firmado en Marrakech el 15 de noviembre de 2016, por el cual la República Gabonesa (en adelante, "Gabón") y la República de Guinea Ecuatorial (en adelante, "Guinea Ecuatorial") acordaron someter a la Corte una controversia entre ellas relativa a la "delimitación de sus fronteras marítimas y terrestres comunes" y a la "soberanía sobre la islas de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga".

2.  El texto del Acuerdo Especial es el siguiente:

 "La República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial (en adelante 'las Partes'),

 Considerando que existe entre ellos una controversia cuyo objeto se enuncia en el artículo 1 del presente Acuerdo especial,

 Reconociendo que varios años de esfuerzos dedicados a buscar una solución mediante la negociación no han logrado el resultado deseado,

 Recordando que aceptaron la mediación ofrecida por el Secretario General de las Naciones Unidas con miras a la solución pacífica de la controversia,

 Consciente de los antiguos lazos fraternales entre los pueblos del Gabón y de Guinea Ecuatorial, y deseosa de mantener y fortalecer las relaciones respetuosas, amistosas y de cooperación entre los dos Estados,

 Decidida a resolver pacíficamente su controversia y, a tal fin, a someterla a la Corte Internacional de Justicia (en adelante «la Corte»),

        Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

Sometimiento al Tribunal y Objeto de la Controversia

1.  Se solicita a la Corte que determine si los títulos jurídicos, tratados y convenciones internacionales invocados por las Partes tienen fuerza de ley en las relaciones entre la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial en la medida en que se refieren a la delimitación de sus fronteras marítimas y terrestres comunes y a su soberanía sobre las islas de Mbanié/Mbañe.  Cocotiers/Cocoteros y Conga.

            Con este fin:

2.  La República Gabonesa reconoce como aplicables a la controversia la Convención especial sobre la delimitación de las posesiones francesas y españolas en el África occidental, en las costas del Sáhara y del Golfo de Guinea, firmada en París el 27 de junio de 1900, y la Convención sobre la delimitación de las fronteras terrestres y marítimas de Guinea Ecuatorial y el Gabón, firmada en Bata el 12 de septiembre de 1974.

3.  La República de Guinea Ecuatorial reconoce como aplicable a la controversia la Convención Especial sobre la delimitación de las posesiones francesas y españolas en África Occidental, en las costas del Sahara y del Golfo de Guinea, firmada en París el 27 de junio de 1900.

4.  Cada Parte se reserva el derecho de invocar otros títulos legales.

Artículo 2

Legislación aplicable

 Se pide a la Corte que resuelva la controversia de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 38 de su Estatuto.   

Artículo 3

Procedimiento

 1. Las Partes, teniendo en cuenta la Directriz Práctica I adoptada por el Tribunal, acuerdan, sin perjuicio de la carga de la prueba, que el número y el orden de los alegatos se regirán por las siguientes disposiciones:

(a)  Una de las Partes presentará el primer escrito a más tardar siete meses después de la fecha en que se notifique el presente Acuerdo Especial al Secretario del Tribunal.

(b)  La otra Parte presentará el segundo escrito a más tardar siete meses después de recibir del Secretario una copia certificada del primer escrito.

(c)   La parte que haya presentado el primer escrito presentará el tercer escrito a más tardar cinco meses después de recibir del Secretario una copia certificada del segundo escrito.

(d)  La parte que haya presentado el segundo escrito presentará el cuarto escrito a más tardar cinco meses después de recibir del Secretario una copia certificada del tercer escrito.

2.                  Si una Parte solicita una prórroga de un plazo, la Corte adoptará una decisión de conformidad con el artículo 44 de su Reglamento.

3.                  El orden en que se oirá a las partes durante la vista oral será el mismo que el que se siga durante la fase escrita.

Artículo 4

Entrada en vigor

1.                  El presente Acuerdo Especial entrará en vigor el día siguiente a la fecha en que ambas Partes se hayan notificado por escrito el cumplimiento de las formalidades necesarias.

2.                  Cada una de las dos Partes acuerda hacer todo lo posible, de buena fe, para garantizar que el presente Acuerdo Especial entre en vigor sin demora, en la medida de lo posible, dentro de los seis meses siguientes a su firma. Con este fin, cada Parte se compromete a implementar las disposiciones constitucionales aplicables y a completar las formalidades necesarias con la debida celeridad.

Artículo 5

Registro en la Secretaría de las Naciones Unidas

 El presente Acuerdo Especial se registrará en la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, a solicitud de cualquiera de las Partes.

Artículo 6

Notificación

 El presente Acuerdo Especial será notificado al Secretario del Tribunal por cualquiera de las Partes tan pronto como sea posible después de su entrada en vigor.

 Hecho en francés y español, siendo ambas versiones igualmente autorizadas, y firmado en Marrakech el quince de noviembre de dos mil dieciséis". [Traducción de

         el Registro]                                             

3.              El Secretario transmitió inmediatamente una copia de la notificación del Acuerdo Especial al Gobierno del Gabón, de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 40 del Estatuto de la Corte. También notificó al Secretario General de las Naciones Unidas la notificación hecha por Guinea Ecuatorial.

4.              Además, en una carta de fecha 16 de abril de 2021, el Secretario informó a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, y a cualquier otro Estado con derecho a comparecer ante la Corte, de la notificación del Acuerdo Especial.

5.              De conformidad con el párrafo 3 del Artículo 40 del Estatuto de la Corte, el Secretario informó posteriormente a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, por conducto del Secretario General, y a cualquier otro Estado con derecho a comparecer ante la Corte, de la presentación del Acuerdo Especial, mediante la transmisión del texto bilingüe impreso.

6.              Mediante Auto de 7 de abril de 2021, la Corte, teniendo en cuenta las disposiciones del Acuerdo Especial relativas a los escritos de alegaciones y el acuerdo expresado por las Partes en una reunión celebrada con el Presidente, fijó el 5 de octubre de 2021 y el 5 de mayo de 2022 como plazos respectivos para la presentación de un memorial por parte de Guinea Ecuatorial y un contramemorial por parte de Gabón. La memoria y la contramemoria fueron debidamente presentadas dentro de los plazos así fijados.

7.              Dado que la Corte no tenía en su poder a ningún magistrado de la nacionalidad de ninguna de las Partes, cada una de las Partes ejerció el derecho que le confería el párrafo 3 del Artículo 31 del Estatuto de la Corte de elegir un magistrado ad hoc para que conociera de la causa. Gabón eligió a la Sra. Mónica Pinto; Guinea Ecuatorial eligió al Sr. Rüdiger Wolfrum.

8.              Mediante Auto de 6 de mayo de 2022, la Corte fijó el 5 de octubre de 2022 y el 6 de marzo de 2023 como plazos respectivos para la presentación de una réplica por parte de Guinea Ecuatorial y una dúplica por parte de Gabón. El escrito de contestación y el escrito de dúplica fueron debidamente presentados dentro de los plazos así fijados.

9.              De conformidad con el párrafo 2 del artículo 53 de su Reglamento, la Corte, tras recabar las opiniones de las partes, decidió que se hicieran públicas copias de los alegatos escritos y de los documentos anexos a ellos en el momento de la apertura de las actuaciones orales.

10.           Las audiencias públicas se celebraron el 30 de septiembre y el 2, 3 y 4 de octubre de 2024. De conformidad con el párrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo Especial, el orden en que se oyó a las partes durante el juicio oral fue el mismo que el seguido durante el procedimiento escrito. De este modo, la Corte escuchó los argumentos orales y las respuestas de:

Para Guinea Ecuatorial:   Excmo. Sr. D. Domingo Mba Esono,

                                           Sr. Derek Smith,

                                           Sr. Pierre d'Argent;

                                           Sr. Philippe Sands,

                                           Sr. Yuri Parkhomenko,

                                           Sr. Paul Reichler,

                                           Sr. Dapo Akande,

                                          Sra. Tafadzwa Pasipanodya,

                                           Sr. Andrew B. Loewenstein, 

Excmo. Sr. D. Anatolio Nzang Nguema Mangue, Sra. Alison Macdonald.

Para Gabón:                   Excma. Sra. Marie-Madeleine Mborantsuo,

                                     Excmo. Sr. D. Guy Rossatanga-Rignault,

                                        Sr. Alain Pellet, Sr. Ben Juratowitch,  Sr. Daniel Müller, D.ª Alina Miron,  D.ª Isabelle Rouche,  Sra. Camille Strosser.

11.           En las audiencias, los miembros de la Corte formularon preguntas a las partes, a las que respondieron oralmente, de conformidad con el párrafo 4 del artículo 61 del Reglamento de la Corte.

*

12.           En los escritos de audiencia escrita se presentaron las siguientes alegaciones por las partes: En nombre del Gobierno de Guinea Ecuatorial, en la memoria:

 "Reservándose el derecho de completar o modificar sus solicitudes, la República de Guinea Ecuatorial solicita a la Corte que falle y declare:

 Los únicos títulos jurídicos, tratados y convenios internacionales que tienen fuerza de ley en las relaciones entre la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial en lo que se refiere a la delimitación de sus fronteras marítimas y terrestres comunes y a su soberanía sobre las islas de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga son:

A.    Con respecto a la delimitación de la frontera terrestre,

1.  por sucesión de Estados, el Convenio especial sobre la delimitación de las posesiones francesas y españolas en África Occidental, en las costas del Sáhara y del Golfo de Guinea, firmado en París el 27 de junio de 1900 (en lo sucesivo, «Convenio de 1900»), tal como fue aplicado por Francia y España hasta la independencia de Gabón el 17 de agosto de 1960 y tal como siguió siendo aplicado por Gabón y España hasta la independencia de Guinea Ecuatorial el 12 de octubre de 1968, 

2.  la titularidad jurídica de la República de Guinea Ecuatorial como Estado sucesor de España de todos los títulos de propiedad territorial, incluidos los límites territoriales, de los que sea titular España sobre la base de las modificaciones de la frontera descritas en el artículo 4 de la Convención de 1900 de conformidad con los términos de la Convención de 1900 y el derecho internacional anterior al 12 de octubre de 1968,  la fecha de la  independencia de la República de Guinea Ecuatorial, y                                             

3.  el título legal de la República Gabonesa como Estado sucesor de Francia sobre todos los títulos de propiedad, incluidos los límites territoriales, de los que sea titular Francia sobre la base de las modificaciones de la frontera descritas en el artículo 4 de la Convención de 1900 de conformidad con los términos de la Convención de 1900 y el derecho internacional anterior a . . . el 17 de agosto de 1960, fecha de la independencia de la República Gabonesa;

B.    Con respecto a la soberanía sobre las islas de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga,

1.  por la sucesión estatal de Guinea Ecuatorial al Título Legal de España que ostentaba España el 12 de octubre de 1968 sobre Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga fundada en 1) la cesión general de derechos de Portugal en el Tratado de El Pardo de 1778, 2) la Declaración de Soberanía Española de España de 1843 sobre la Isla de Corisco, 3) el Acta de Anexión de España de 1846 firmada con el Rey I. Oregek de la Isla de Corisco,  4) la Carta de Ciudadanía Española de 1846 otorgada a los habitantes de Corisco, Elobey y sus dependencias, y [5]) la ocupación soberana efectiva y pública de estas islas por parte de España desde 1843 hasta la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968.

C.    Con respecto al Derecho a las Áreas Marítimas y sus Delimitaciones, considerando los Territorios Respectivos de las Partes según lo Determinado en los Apartados A) y B),

1.  la Convención de 1900 en la medida en que estableció el término de la frontera terrestre en la bahía de Corisco y reconoció la soberanía de España sobre la isla de Corisco, Elobey Grande y Elobey Chico; y

2.  la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada el 10 de diciembre de 1982 en Montego Bay, y

3.  el derecho internacional consuetudinario en la medida en que establece que la titularidad y el derecho de un Estado sobre las zonas marítimas se derivan de su titularidad sobre el territorio terrestre.

 La República de Guinea Ecuatorial se reserva el derecho de complementar o modificar estas presentaciones a la luz de nuevos alegatos y según sea necesario." en la Respuesta:

 "Reservándose el derecho de complementar o enmendar sus presentaciones, la República de Guinea Ecuatorial solicita respetuosamente a la Corte que falle y declare:

I.      El Acuerdo Especial permite a la Corte determinar todos los títulos jurídicos, tratados y convenciones internacionales que se refieran a la delimitación de los límites marítimos y terrestres comunes de las Partes y a la soberanía sobre las islas de Mbañe, Cocoteros y Conga.

II.    El documento que Gabón alega como la "Convención de Bata" no tiene fuerza de ley ni consecuencias jurídicas en las relaciones entre la República Gabonesa y la República Gabonesa.

              República de Guinea Ecuatorial.                                          

III.  Los títulos jurídicos, tratados y convenios internacionales con fuerza de ley en las relaciones entre la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial respecto de la delimitación de su frontera territorial común son:

1.  por sucesión de Estados, el Convenio especial sobre la delimitación de las posesiones francesas y españolas en África Occidental, en las costas del Sáhara y del Golfo de Guinea, firmado en París el 27 de junio de 1900 (en lo sucesivo, «Convenio de 1900»), tal como fue aplicado por Francia y España hasta la independencia de Gabón el 17 de agosto de 1960 y tal como siguió siendo aplicado por Gabón y España hasta la independencia de Guinea Ecuatorial el 12 de octubre de 1968,

2.  la sucesión por parte de la República de Guinea Ecuatorial de todos los títulos de propiedad territorial, incluidos los límites territoriales, de los que sea titular España sobre la base de las modificaciones de la frontera descritas en el artículo 4 de la Convención de 1900 de conformidad con los términos de la Convención de 1900 y el Derecho internacional, incluido el Acuerdo de 1919 entre el Gobernador del África Ecuatorial Francesa y el Gobernador de Guinea Española,  anterior al 12 de octubre de 1968, fecha de la independencia de la República de Guinea Ecuatorial, y

3.  la sucesión por parte de la República Gabonesa de todos los títulos de propiedad territorial, incluidos los límites territoriales, de los que sea titular Francia sobre la base de las modificaciones de la frontera descritas en el artículo 4 de la Convención de 1900 de conformidad con los términos de la Convención de 1900 y el Derecho internacional, incluido el Acuerdo de 1919 entre el Gobernador del África Ecuatorial Francesa y el Gobernador de Guinea Española,  antes del 17 de agosto de 1960, fecha de la independencia de la República Gabonesa;

IV.  El título legal que tiene fuerza de ley en las relaciones entre la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial con respecto a la soberanía sobre las islas de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga es la sucesión por parte de la República de Guinea Ecuatorial del título que ostentaba España el 12 de octubre de 1968 sobre Mbanié/Mbañe,  Cocotiers/Cocoteros y Conga, que a su vez se fundó sobre 1) la cesión general de derechos de Portugal en el Tratado de El Pardo de 1778, 2) la Declaración de Soberanía Española de 1843 sobre la Isla de Corisco, 3) el Acta de Anexión de España de 1846 firmada con el Rey I. Oregek de la Isla de Corisco, 4) la Carta de Ciudadanía Española de 1846 otorgada a los habitantes de Corisco,  Elobey y sus dependencias, 5) la Carta de España de 1858 que reafirma la posesión española de la isla de Corisco y 6) la ocupación soberana efectiva y pública e indiscutida de estas islas por parte de España desde 1843 hasta la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968.

V.    Teniendo en cuenta los párrafos III) y IV) supra, los títulos jurídicos, tratados y convenios internacionales que tienen fuerza de ley en las relaciones entre la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial respecto de la delimitación de su frontera marítima común son:

1.  la Convención de 1900 en la medida en que estableció el término de la frontera terrestre en la bahía de Corisco;

2.  la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada el 10 de diciembre 1982 en Montego Bay, y                                             

 3. el derecho internacional consuetudinario en la medida en que establece que el título y la prerrogancia de un Estado sobre las zonas marítimas adyacentes se derivan de su titulación sobre el territorio terrestre.

 La República de Guinea Ecuatorial se reserva el derecho de complementar o modificar estas presentaciones a la luz de nuevos alegatos y según sea necesario". En nombre del Gobierno del Gabón, en la Contra-Memorial:

 "A la vista de los argumentos expuestos en la presente Contramemoria y de cualesquiera otros que se presenten, infieren o sustituyan, incluidos, en su caso, el proprio motu, la República Gabonesa solicita respetuosamente a la Corte:

a) Declarar que:

(i)    el Convenio de delimitación de las fronteras terrestres y marítimas de Guinea Ecuatorial y Gabón, de 12 de septiembre de 1974 (Bata), y el Convenio especial sobre la delimitación de las posesiones francesas y españolas en África occidental, en las costas del Sáhara y del Golfo de Guinea, de 27 de junio de 1900 (París), son los títulos jurídicos con fuerza de ley en las relaciones entre la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial en la medida en que se refieren a la delimitación de los límites de sus tierras comunes;

(ii)   el Convenio por el que se delimitan las fronteras terrestres y marítimas de Guinea Ecuatorial y Gabón, de 12 de septiembre de 1974 (Bata), es el título jurídico con fuerza de ley en las relaciones entre la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial en la medida en que se refiere a la delimitación de su frontera marítima común y de su soberanía sobre las islas de Mbanié,  Cocotiers y Conga.

b) Rechazar todas las alegaciones en contrario de la República de Guinea Ecuatorial.

 El Gabón se reserva el derecho de modificar o enmendar estas presentaciones, según proceda, de conformidad con las disposiciones del Estatuto y el Reglamento de la Corte." en la dúplica:

 "A la vista de los argumentos expuestos en la presente dúplica y de cualesquiera otros que se presenten, infieren o sustituyan, incluidos, en su caso,  el proprio motu, la República Gabonesa solicita respetuosamente a la Corte:

a) Declarar que:

(i)    el Convenio de delimitación de las fronteras terrestres y marítimas de Guinea Ecuatorial y Gabón, de 12 de septiembre de 1974 (Bata), y el Convenio especial sobre la delimitación de las posesiones francesas y españolas en África occidental, en las costas del Sáhara y del Golfo de Guinea, de 27 de junio de 1900 (París), sin perjuicio de las modificaciones introducidas en la frontera por el Convenio de Bata,  son los títulos jurídicos con fuerza de ley en las relaciones entre la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial en la medida en que se refieren a la delimitación de

                        su límite de tierras comunales;                                         

(ii)   el Convenio por el que se delimitan las fronteras terrestres y marítimas de Guinea Ecuatorial y Gabón, de 12 de septiembre de 1974 (Bata), es el título jurídico con fuerza de ley en las relaciones entre la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial en la medida en que se refiere a la delimitación de su frontera marítima común y de su soberanía sobre las islas de Mbanié,  Cocotiers y Conga.

b) Rechazar todas las reclamaciones en contrario de la República de Guinea Ecuatorial."

13.   En la vista oral se presentaron las siguientes alegaciones finales por las partes: En nombre del Gobierno de Guinea Ecuatorial, en la vista celebrada el 3 de octubre de 2024:  

"La República de Guinea Ecuatorial solicita respetuosamente a la Corte que falle y declare:

I.      El Acuerdo Especial permite a la Corte determinar si los títulos jurídicos, tratados y convenios internacionales invocados por las Partes tienen fuerza de ley en las relaciones entre ellas en la medida en que se refieren a la delimitación de sus límites marítimos y terrestres comunes y a su soberanía sobre las islas de Mbañe, Cocoteros y Conga.

II.    El documento presentado por primera vez por la República Gabonesa en 2003 no tiene fuerza de ley ni consecuencias jurídicas en las relaciones entre las Partes.

III.  Los títulos jurídicos, tratados y convenios internacionales con fuerza de ley en las relaciones entre las Partes en la medida en que se refieren a la delimitación de sus fronteras territoriales comunes son la sucesión por la República Gabonesa y la sucesión por la República de Guinea Ecuatorial de todos los títulos de propiedad territorial, respectivamente el 17 de agosto de 1960 por Francia y el 12 de octubre de 1968 por España.  sobre la base de la Convención de 1900, incluidos los títulos de propiedad territorial sobre la base de las modificaciones introducidas, en la aplicación de dicha Convención, en la frontera descrita en el artículo IV de la Convención.

IV.  El título jurídico que tiene fuerza de ley en las relaciones entre las Partes en lo que se refiere a la soberanía sobre las islas de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga es la sucesión por parte de la República de Guinea Ecuatorial del título que ostentaba España el 12 de octubre de 1968 sobre Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga.

V.    Teniendo en cuenta los párrafos (III) y (IV) anteriores, los títulos jurídicos, tratados y convenios internacionales que tienen fuerza de ley en las relaciones entre las Partes en la medida en que se refieren a la delimitación de su frontera marítima común son:

1.  la Convención de 1900 en la medida en que estableció el término de la frontera terrestre en la bahía de Corisco;

2.  la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada el 10 de diciembre de 1982 en Montego Bay, y

3.  el derecho internacional consuetudinario en la medida en que establece que la titularidad y el derecho de un Estado sobre las zonas marítimas adyacentes se derivan de su titularidad sobre el territorio terrestre". 

En nombre del Gobierno de Gabón, en la vista celebrada el 4 de octubre de 2024:  

"La República Gabonesa solicita a la Corte que:  

.a) Declarar que: 

(i)      el Convenio de delimitación de las fronteras terrestres y marítimas de Guinea Ecuatorial y Gabón, de 12 de septiembre de 1974 (Bata), y el Convenio especial sobre la delimitación de las posesiones francesas y españolas en África occidental, en las costas del Sáhara y del Golfo de Guinea, de 27 de junio de 1900 (París), sin perjuicio de las modificaciones introducidas en la frontera por el Convenio de Bata,  ¿Son los títulos jurídicos con fuerza de ley en las relaciones entre la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial en la medida en que se refieran a la delimitación de su frontera territorial común? 

(ii)    el Convenio de delimitación de las fronteras terrestres y marítimas de Guinea Ecuatorial y Gabón, de 12 de septiembre de 1974 (Bata), es el título jurídico con fuerza de ley en las relaciones entre la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial en la medida en que se refiere a la soberanía sobre las islas de Mbanié, Cocotiers y Conga; y

(iii)   el Convenio de delimitación de las fronteras terrestres y marítimas de Guinea Ecuatorial y Gabón, de 12 de septiembre de 1974 (Bata), es el título jurídico con fuerza de ley en las relaciones entre la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial en la medida en que se refiere a la delimitación de su frontera marítima común. 

b) Rechazar todas las reclamaciones en contrario de la República de Guinea Ecuatorial."

20.  A partir de 1884, tres Potencias coloniales —España, Francia y Alemania— mantuvieron puestos a lo largo de partes de la costa entre las zonas controladas por los alemanes al norte del río Campo y las zonas controladas por los franceses al sur de la bahía de Corisco. El 24 de diciembre de 1885, Alemania firmó un tratado fronterizo con Francia (el "Protocolo franco-alemán"), cediendo a Francia sus territorios coloniales al sur del río Campo. La zona comprendida entre el río Campo en el norte y el cabo Santa Clara en el sur también fue reclamada por España (a título ilustrativo, la Corte incluye en la página 21 el mapa elaborado por Guinea Ecuatorial en su Memorial; véase croquis 3). El mismo año, Francia y España nombraron una comisión mixta para resolver sus reclamaciones territoriales en conflicto en África Occidental. La comisión mixta se reunió entre 1886 y 1891. Las negociaciones celebradas en el seno de la Comisión Mixta se denominaron "Conferencia sobre la Delimitación en África Occidental". Durante las negociaciones, Francia indicó que estaba dispuesta a renunciar a su reclamación sobre Corisco y las islas Elobey a cambio de un derecho de tanteo sobre esas islas en caso de que España tratara de deshacerse de ellas.

21.  En 1900, España y Francia firmaron una convención para delimitar sus respectivos territorios coloniales en la costa occidental de África, titulada "Convención especial sobre la delimitación de las posesiones francesas y españolas en África occidental, en las costas del Sahara y del Golfo de Guinea" (en adelante, la "Convención de 1900"). El artículo VII de la Convención de 1900 concedió a Francia un "derecho de tanteo y retracto" en caso de que España deseara ceder las islas Elobey o Corisco. El artículo IV de esa Convención, por su parte, describe la frontera terrestre de la siguiente manera:

 "La frontera entre las posesiones españolas y francesas en el golfo de Guinea comenzará en el punto donde el thalweg del río Muni se cruza con una línea recta trazada desde la punta de Coco Beach hasta la punta Diéké. A continuación, procederá a lo largo del thalweg del río Muni y del río Utamboni hasta el primer punto en que el primer grado de latitud norte cruce este último río, y continuará a lo largo de este paralelo hasta su intersección con los 9° de longitud este de París (11° 20' al este de Greenwich). A partir de este punto, la línea de demarcación estará formada por dicho meridiano 9° al este de París hasta que se encuentre con la frontera sur de la colonia alemana de Kamerun".

El artículo VIII de la Convención de 1900 dispone que las fronteras "se registrarán [...] con las reservas formuladas en el Anexo Nº 1 de la presente Convención". Dispone además que ambos Gobiernos acuerdan designar comisionados, dentro de los cuatro meses siguientes al canje de ratificaciones, que se encargarán de trazar las líneas de demarcación sobre el terreno "de conformidad con las disposiciones de la Convención y en el espíritu de las mismas. Convenio".

22.  De conformidad con lo dispuesto en el Apéndice Nº 1 de la Convención, los Comisionados o los Delegados locales encargados de delimitar sobre el terreno la totalidad o parte de las fronteras "utilizarán como base la descripción de las fronteras establecida en la Convención". Allí se afirma que, "al mismo tiempo, podrán modificar dichas líneas de demarcación a fin de determinarlas con mayor precisión y rectificar la posición de las líneas divisorias de los caminos o ríos, y de las ciudades o aldeas marcadas en el . . . mapas [anexados a la Convención]" [traducción por la Secretaría]. En el Apéndice Nº 1 se dispone además que "[l]os cambios o correcciones propuestos de común acuerdo por dichos Comisionados o Delegados se someterán a la aprobación de los respectivos Gobiernos". De acuerdo con estos compromisos, poco después de la ratificación, España y Francia se comprometieron a delimitar sobre el terreno la frontera entre los territorios coloniales españoles y franceses mediante el nombramiento de una comisión binacional, conocida como la Comisión de Delimitación Franco-Española (en adelante, la "Comisión de 1901"). Esta comisión propuso ciertos cambios y correcciones a la frontera, en particular en la zona del río Utamboni en el sudoeste y en la zona del río Kie en el noreste (para la ubicación de estas dos zonas, véase el croquis 4).

23.  El 4 de noviembre de 1911, Francia y Alemania firmaron un convenio por el cual Francia cedió a Alemania varios territorios al sur y al este de los territorios coloniales españoles. Posteriormente, estos territorios pasaron a llamarse Neukamerun. La transferencia no puso en tela de juicio la frontera terrestre establecida entre España y Francia en virtud de la Convención de 1900.

24.  En 1916, Francia recuperó el control total sobre el territorio del actual Gabón.

25.  En 1919, los respectivos Gobernadores Generales de España y Francia celebraron un acuerdo mediante un canje de notas (en adelante, el "Acuerdo de Gobernadores de 1919") por el que se designaba el río Kie como frontera "provisional" entre sus territorios coloniales en la zona del río Kie.

26.  El Gabón se independizó de Francia el 17 de agosto de 1960; Guinea Ecuatorial se independizó de España el 12 de octubre de 1968.

27.  Según Guinea Ecuatorial, en agosto de 1972 las fuerzas militares gabonesas se apoderaron y ocuparon Mbanié/Mbañe y, desde entonces, el Gabón ha mantenido su ocupación de la isla. El Gabón, por su parte, sostiene que en 1972 estableció una pequeña comisaría de policía en Mbanié/Mbañe para garantizar la seguridad de sus nacionales y de los pescadores que faenan en la isla y en las aguas adyacentes. El Gabón añade que la comisaría de policía ha permanecido en Mbanié/Mbañe desde esa fecha.

28.  El Gabón alega que el 12 de septiembre de 1974, en Bata (Guinea Ecuatorial), los Presidentes del Gabón y de Guinea Ecuatorial firmaron un documento titulado "Convención sobre la delimitación de las fronteras terrestres y marítimas de Guinea Ecuatorial y el Gabón" y se refiere a este documento como la "Convención de Bata". Según el Gabón, la "Convención de Bata" resolvió la controversia entre los dos Estados relativa a la delimitación de sus fronteras terrestres y marítimas y a su soberanía sobre las islas de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga. Las Partes discrepan sobre la existencia y autenticidad de la supuesta convención, su carácter vinculante y si constituye un título legal en el sentido del artículo 1 del Acuerdo Especial. La Corte utilizará la expresión "Convención Bata" en el análisis posterior, sin perjuicio de las conclusiones a las que pueda llegar sobre estas cuestiones controvertidas.

II. LA MISIÓN DE LA CORTE EN VIRTUD DEL ACUERDO ESPECIAL

29.           Antes de abordar los argumentos de las partes y sus argumentos en apoyo de los mismos, la Corte considera que debe precisar la tarea que le encomienda el Acuerdo Especial. En el párrafo 2 supra se exponen los términos del acuerdo especial por el que se sometió a la Corte el presente asunto. La misión de la Corte se formula en el párrafo 1 del artículo 1 de dicho Tribunal, en los siguientes términos:

 "1. Se solicita a la Corte que determine si los títulos jurídicos, tratados y convenios internacionales invocados por las Partes tienen fuerza de ley en las relaciones entre la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial en la medida en que se refieran a la delimitación de sus fronteras marítimas y terrestres comunes y de su soberanía

            sobre las islas de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga".    

30.           La Corte observa que las Partes están de acuerdo en varios puntos respecto a la interpretación del Acuerdo Especial. No se ha pedido a la Corte que delimite la frontera terrestre y marítima ni que determine la soberanía sobre las tres islas, sino únicamente que determine si los títulos jurídicos, tratados y convenciones internacionales invocados por las Partes tienen fuerza de ley en sus relaciones en la medida en que se refieren a la controversia entre ellas, cuya materia se establece en el artículo 1.  párrafo 1 del Acuerdo Especial. Tampoco se discute que cada Parte tiene libertad para invocar ante la Corte títulos legales distintos de los mencionados en el Acuerdo Especial, como se confirma expresamente en el párrafo 4 del artículo 1 del mismo. Además, de conformidad con los párrafos 2 y 3 del artículo 1 del Acuerdo Especial, las Partes reconocen que la Convención de 1900 es aplicable a su controversia. Ninguna de las partes ha sostenido lo contrario en el curso de las actuaciones escritas y orales.

31.           No obstante, las Partes discrepan sobre la interpretación de la expresión "títulos jurídicos" ("títulos jurídicos" en el texto francés) en el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo Especial.

32.           En primer lugar, el Gabón sostiene que debe entenderse que la expresión "títulos jurídicos" de ese artículo se refiere únicamente a "los tratados y convenciones internacionales". A su juicio, las palabras "tratados y convenciones internacionales", que siguen inmediatamente a la expresión "títulos jurídicos" en el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo Especial, sirven para especificar el significado que debe darse a esa expresión. Según el Gabón, de ello se deduce que las partes sólo pueden invocar "títulos jurídicos" en el marco del presente procedimiento en la medida en que constituyan "tratados y convenciones internacionales" en vigor entre ellas.

33.           Para Guinea Ecuatorial, el texto claro del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo Especial deja claro que los "títulos jurídicos" no se limitan a los tratados y convenciones internacionales; por el contrario, los "títulos jurídicos" invocados por las Partes forman, junto con los tratados y las convenciones internacionales, "una categoría adicional y más amplia de fuentes de derechos en materia de delimitación y soberanía insular, que la Corte debe examinar a petición de la Parte que los invoca". Guinea Ecuatorial señala que el Acuerdo Especial se refiere acumulativamente a los "títulos jurídicos, tratados y convenios internacionales invocados por las Partes", de modo que se hace referencia a los "títulos jurídicos" además de a los "tratados y convenios internacionales". Afirma además que interpretar la expresión "títulos jurídicos" en el sentido de que sólo significa "tratados y convenciones internacionales" privaría a esa expresión de todo efecto.

34.           Al interpretar el Acuerdo Especial, la Corte se basará en las normas de interpretación de los tratados codificadas en los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (en adelante, la "Convención de Viena"). Aunque esa Convención no está en vigor entre las Partes, está bien establecido que estos Artículos reflejan normas de derecho internacional consuetudinario (Controversia relativa a los Derechos de Navegación y Derechos Conexos (Costa Rica c. Nicaragua), Sentencia, I.C.J. Reports 2009, p. 237, párr. 47; véase también Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Gambia vs. Myanmar), Excepciones Preliminares, Sentencia, I.C.J. Reports 2022 (II), p. 510, párr. 87, y Territorial Dispute (Jamahiriya Árabe Libia/Chad), Sentencia, I.C.J. Reports 1994, pp. 21-22, párr. 41).

35.           La Corte observa que, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo Especial, se solicita que se determine si los "títulos jurídicos, tratados y convenciones internacionales" invocados por las Partes tienen fuerza de ley en las relaciones entre ellas en la medida en que se refieren a la delimitación de sus fronteras marítimas y terrestres comunes y a su soberanía sobre las islas de Mbanié/Mbañe.  Cocotiers/Cocoteros y Conga. A la luz de la regla general de interpretación reflejada en el artículo 31 de la Convención de Viena, según la cual un tratado se interpretará "conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos", es difícil ver cómo es posible limitar los "títulos jurídicos" a "los tratados y convenciones internacionales". Desde el punto de vista gramatical, la ausencia de una coma después de las palabras "tratados y convenciones internacionales" sugiere que las Partes deseaban presentar estos términos en una lista acumulativa. Además, la inclusión de los "títulos jurídicos" en la categoría de "tratados y convenciones internacionales" privaría en gran medida de importancia a la referencia a los "títulos jurídicos". La Corte y su predecesora, la Corte Permanente de Justicia Internacional, han hecho hincapié en que las cláusulas de un acuerdo especial por las que se somete una controversia a la Corte deben, si ello no entraña violentar sus términos, interpretarse de manera que las propias cláusulas tengan efectos apropiados (véase Corfu Channel (Reino Unido c. Albania), Fondo, Sentencia, I.C.J. Reports 1949, pág. 24; véase también Zonas Francas del Alto Saboya y el Distrito de Gex, Orden de 19 de agosto de 1929, P.C.I.J., Serie A, Nº 22, pág. 13). En consecuencia, la expresión "títulos jurídicos" tiene un significado distinto que no se limita a los "tratados y convenciones internacionales".

36.           En segundo lugar, las partes discrepan sobre lo que se comprende dentro del término "títulos legales" y, por lo tanto, puede ser objeto de la decisión de la Corte. Si bien la Corte ha determinado que los "títulos jurídicos" no pueden limitarse a los "tratados y convenciones internacionales", aún no se ha determinado el significado que debe atribuirse a ese término en el contexto del artículo 1 del Acuerdo Especial.

37.           A juicio de Guinea Ecuatorial, el término "títulos jurídicos" abarca cualquier fuente de derechos sobre el territorio en virtud del derecho internacional e incluye, entre otras cosas, la sucesión de Estados, el principio de que "la tierra domina el mar" y el principio de uti possidetis juris. Guinea Ecuatorial añade que la titularidad jurídica es un concepto amplio del derecho internacional que no se limita únicamente a la prueba documental. En apoyo de su posición, Guinea Ecuatorial se remite a la Sentencia de la Sala de la Corte en el  caso Controversia Fronteriza (Burkina Faso/República de Malí) (I.C.J. Reports 1986, pág. 564, párr. 18), así como a la Sentencia de la Sala de la Corte en la Controversia Fronteriza Terrestre, Insular y Marítima (El Salvador/Honduras:  Nicaragua interviniente) (I.C.J. Reports 1992, págs. 388-389, párr. 45). También cita el Dictionnaire de la terminologie du droit international (preparado bajo la dirección de J. Basdevant, 1960, pág. 604), que da a la palabra "título" el significado de "un título que significa, tomado en el sentido de título jurídico, todo hecho, acto o situación que sea causa y fundamento de un derecho" [traducción de la Secretaría]. Según Guinea Ecuatorial, de ello se deduce que el Acuerdo Especial le permite invocar y obtener la sentencia de la Corte sobre la aplicabilidad de "todos los títulos, cualquiera que sea su fuente, que apoyen sus reivindicaciones territoriales y marítimas que se refieran a la delimitación de los límites terrestres y marítimos de las Partes, y a la soberanía sobre las islas de Mbañe, Cocoteros y Conga".

38.           El Gabón, en sus alegatos escritos, sostuvo que la expresión "títulos jurídicos", tal como se utiliza en el Acuerdo Especial, abarca únicamente las pruebas documentales y excluye el concepto "muy general" de título propuesto por Guinea Ecuatorial. El Gabón sostuvo que esta interpretación era coherente con la propugnada por la Sala de la Corte en el  asunto Controversia fronteriza (Burkina Faso/República de Malí). Posteriormente, durante el juicio oral, el Gabón parece haber admitido que la expresión "títulos jurídicos" abarca algo más que las pruebas documentales por sí solas. Sin embargo, subraya que, independientemente de la definición de título jurídico que se considere, la sucesión de Estados, el principio de que "la tierra domina el mar" y el principio de uti possidetis juris no están comprendidos en el ámbito de ese término. El Gabón niega además que las effectivités puedan constituir un título jurídico. Por lo tanto, el Gabón concluye que la Corte no puede pronunciarse sobre algunos de los elementos invocados por Guinea Ecuatorial en sus reclamaciones, ya que no constituyen "títulos jurídicos".

39.           Las Partes también expresaron opiniones divergentes sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (en adelante "CNUDM") y la cuestión de si puede considerarse propiamente un título jurídico en vigor en las relaciones entre las Partes en la medida en que se refiere a la delimitación de su frontera marítima común (véanse los párrafos 203 y 207 infra).

40.           La divergencia de opiniones de las partes en cuanto al significado de la expresión "títulos jurídicos" se refleja en sus comunicaciones finales (véase el párrafo 13 supra).

41.           En sus alegatos finales, Guinea Ecuatorial presenta cinco solicitudes a la Corte, las tres últimas de las cuales invocan "títulos legales, tratados y convenciones internacionales" que se dice vigentes entre las Partes. La Corte observa que algunos de los "títulos jurídicos" invocados no están enumerados en el Acuerdo Especial y no puede decirse que constituyan pruebas documentales en el sentido estricto argumentado por Gabón. Con respecto a la frontera terrestre, la tercera comunicación de Guinea Ecuatorial pide a la Corte que declare que los títulos jurídicos, tratados y convenios internacionales vigentes son la "sucesión por la República Gabonesa" y "la sucesión por la República de Guinea Ecuatorial" de todos los títulos de propiedad territorial, poseídos respectivamente el 17 de agosto de 1960 por Francia y el 12 de octubre de 1968 por España.  sobre la base de la Convención de 1900, incluidos los títulos de propiedad territorial sobre la base de las modificaciones introducidas, en la aplicación de dicha Convención, en la frontera descrita en su artículo IV. Con respecto a las islas, en la cuarta comunicación de Guinea Ecuatorial se pide a la Corte que declare que el título legal vigente es la "sucesión por parte de la República de Guinea Ecuatorial del título que ostentaba España el 12 de octubre de 1968 sobre Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga". Con respecto a la frontera marítima, la quinta petición de Guinea Ecuatorial solicita a la Corte que declare que los títulos legales, tratados y convenciones internacionales con fuerza de ley son: 1) la Convención de 1900 en la medida en que estableció el término de la frontera terrestre en la Bahía de Corisco; 2) Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; y 3) el "derecho internacional consuetudinario" en la medida en que establece que el título y el derecho de un Estado a las zonas marítimas adyacentes se derivan de su título sobre el territorio terrestre. La mención del "derecho internacional consuetudinario" en la quinta comunicación debe entenderse como una referencia al principio de que "la tierra domina el mar".

42.           En cambio, en sus comunicaciones finales, el Gabón presenta tres solicitudes que se limitan a los títulos basados en tratados. Pide a la Corte que declare que la "Convención de Bata" es el título legal aplicable con respecto a la soberanía sobre las islas y la delimitación de la frontera marítima, y que declare que la "Convención de Bata" y la Convención de 1900, modificada por la "Convención de Bata", son los títulos legales aplicables a la delimitación de la frontera terrestre. En otras palabras, el Gabón no invoca ningún título jurídico distinto de los ya mencionados en el Acuerdo Especial.

43.           La Corte no considera que el término "títulos jurídicos" se utilice en el Acuerdo Especial de una manera que requiera una interpretación más restrictiva que la que se suele dar a este término. La Corte observa que, en cualquier caso, las Partes acuerdan que "título legal" es un término del arte. Cuando las partes han utilizado un término jurídico en un tratado, debe suponerse, por regla general, que han tenido la intención de que ese término tenga el significado que generalmente tiene en el derecho internacional (cf. Aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Georgia c. Federación de Rusia), Excepciones Preliminares, Sentencia, I.C.J. Reports 2011 (I), pág. 84, párr. 29; Plataformas petrolíferas (República Islámica del Irán c. Estados Unidos de América), Objeción Preliminar, Sentencia, I.C.J. Reports 1996 (II), pág. 818, párr. 45). La Corte ha tenido ocasión de abordar el concepto de título jurídico. En el caso relativo a la Controversia Fronteriza (Burkina Faso/República de Malí), la Sala de la Corte observó que el término "título" generalmente no se limita únicamente a las pruebas documentales, sino que también puede abarcar "tanto cualquier prueba que pueda establecer la existencia de un derecho, como la fuente real de ese derecho" (Sentencia, I.C.J. Reports 1986,  pág. 564, párr. 18). En el  caso Controversia Terrestre, Insular y Fronteriza Marítima (El Salvador/Honduras: intervención de Nicaragua), la Sala de la Corte respaldó esta opinión (Sentencia, I.C.J. Reports 1992, págs. 388-389, párr. 45). En ese caso, la Sala también reconoció que la titularidad del territorio, en el sentido de la "fuente" de los derechos de un Estado en el plano internacional, puede ser el resultado de la sucesión de un Estado a un título jurídico preexistente que poseía el titular anterior (ibíd.). Por lo tanto, la Corte opina que la expresión "título jurídico" utilizada en el artículo 1 del Acuerdo Especial se refiere también a la titularidad como fuente de un derecho y que no puede aceptarse la interpretación restrictiva propugnada por el Gabón.

44.           Queda por examinar la cuestión de cuáles de los elementos invocados por Guinea Ecuatorial en sus alegaciones finales son "títulos jurídicos" en el sentido del Acuerdo Especial.

45.           A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que, incluso cuando se conoce sobre la base de un acuerdo especial, siempre está obligado a pronunciarse sobre las alegaciones finales de las partes, tal como fueron formuladas al término del procedimiento oral. A este respecto, no hay diferencia entre los casos en los que se presenta la demanda unilateral ante la Corte y aquellos en los que se presenta mediante un acuerdo especial (Frontier Dispute (Burkina Faso/Niger), Sentencia, I.C.J. Reports 2013, p. 68, párr. 41). Cuando, como ocurre en el presente caso, el acuerdo especial constituye el único fundamento de la competencia, toda solicitud formulada por una de las partes en sus alegaciones finales puede quedar comprendida en la competencia de la Corte "sólo si se mantiene dentro de los límites" definidos por las disposiciones del acuerdo especial, cuestión que corresponde determinar a la Corte (ibíd.,  p. 69, párr. 42). Por lo tanto, la determinación judicial de que un elemento invocado por una Parte constituye un "título jurídico" en el sentido del artículo 1 del Acuerdo Especial sólo se justifica con respecto a los elementos invocados por una Parte en las comunicaciones finales y con respecto a los asuntos que están en controversia entre ellas (cf. Controversia sobre Fronteras Terrestres, Insulares y Marítimas (El Salvador/Honduras:  Nicaragua interviniendo), Sentencia, I.C.J. Reports 1992, págs. 554-555, párr. 326).

46.           La Corte señala que Guinea Ecuatorial no solicita, en sus alegaciones finales, a la Corte que declare que las effectivités como tales le confieren un título jurídico en relación con la delimitación de la frontera terrestre común (véase el párrafo 13 supra). Como se explica más adelante, Guinea Ecuatorial invoca  la effectivités para "confirmar" la existencia de un derecho derivado de un título jurídico (véanse los párrafos 106 y 113 infra). Del mismo modo, Guinea  Ecuatorial no invoca el principio de uti possidetis juris en sus comunicaciones finales. En estas circunstancias, no es necesario a los efectos de la presente Sentencia examinar la cuestión, abordada por las Partes, de si la efectividad y el principio de uti possidetis juris constituyen "títulos jurídicos" en el sentido del Acuerdo Especial.

III. LA "CONVENCIÓN DE BATA"

47.           En sus alegaciones finales, el Gabón invoca la "Convención de Bata" como título jurídico con fuerza de ley entre las Partes con respecto a los tres elementos de la controversia: la controversia sobre la frontera territorial; la disputa sobre las islas de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga; y la disputa sobre la frontera marítima. Por su parte, Guinea Ecuatorial pide a la Corte que declare que el "Convenio de Bata" "no tiene fuerza de ley ni consecuencias jurídicas en las relaciones entre las Partes". Las Partes reconocen que la cuestión de si el "Convenio Bata" es un tratado en vigor entre ellas —y por lo tanto un título jurídico en el sentido del Acuerdo Especial— constituye el núcleo de la controversia sometida a la Corte. La Corte considera oportuno examinar esta cuestión en primer lugar debido a sus posibles implicaciones para todos los aspectos de la controversia.

48.           Como ya se ha señalado (véase el párrafo 28), según el Gabón, los Presidentes de Guinea Ecuatorial y del Gabón firmaron en Bata el 12 de septiembre de 1974 un "Convenio por el que se delimitan las fronteras terrestres y marítimas de Guinea Ecuatorial y el Gabón".

49.           En febrero de 2004, el Gabón presentó la "Convención de Bata" a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro y publicación, de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. Tras examinar la presentación, la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos señaló que "[l]os capítulos de los textos en español y francés de la Convención [...] presentadas por el Gabón no eran legibles" y pidió al Gabón "que volviera a presentar copias más claras". Posteriormente, el Gabón presentó textos remecanografiados. La Secretaría registró la "Convención de Bata" el 2 de marzo de 2004 y la publicó en la Colección de Tratados de las Naciones Unidas (UNTS) (Vol. 2248, pág. 93, Nº 40037).

50.           Guinea Ecuatorial se opuso enérgicamente al registro. En una carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas el 10 de marzo de 2004, Guinea Ecuatorial negó la autenticidad de la "Convención de Bata", "que [el Gabón] afirma que fue firmada hace 30 años, y de la que Guinea Ecuatorial no tiene conocimiento alguno".

51.           En una carta de fecha 22 de marzo de 2004 dirigida a Guinea Ecuatorial, el Subsecretario General encargado de la Oficina de Asuntos Jurídicos explicó la práctica de la Secretaría, a saber:

"[c]uando un instrumento se registra en la Secretaría, ello no implica que la Secretaría juzgue la naturaleza del instrumento, la condición de parte o cualquier otra cuestión análoga. Así pues, la aceptación por la Secretaría de la inscripción de un instrumento no confiere al instrumento la condición de tratado o de acuerdo internacional si no posee ya esa condición." (Cursivas en el original.)

52.           En una carta de fecha 7 de abril de 2004 dirigida al Subsecretario General encargado de la Oficina de Asuntos Jurídicos, Guinea Ecuatorial sostuvo que "el registro del documento gabonés es inadmisible e indebido, ya que no existe ninguna Convención entre Guinea Ecuatorial y el Gabón de

12 de septiembre de 1974". Además, afirmó que:

"[e]l documento presentado por el Gabón, en sus propias palabras, es un documento preliminar sujeto a negociaciones adicionales. Es un principio bien establecido del derecho general que un documento que indica una falta de acuerdo sobre un elemento esencial que se está abordando no es un contrato vinculante, sino que expresa el entendimiento de que las partes tienen la intención de

            celebrar un acuerdo en el futuro".                                              

53.      En una carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas por el Presidente de la República Ecuatorial

Guinea, de fecha 26 de abril de 2004, Guinea Ecuatorial también alegó que:

"[e]n mayo de 2003, el Gabón presentó por primera vez en la larga historia de esta controversia (unos 30 años) una fotocopia de mala calidad de un documento [...] El Gabón afirma ser un tratado firmado por los presidentes de los dos países en 1974. Esto fue una sorpresa total para Guinea Ecuatorial, ya que habíamos estado negociando de buena fe con Gabón durante casi 30 años sobre las cuestiones de soberanía y fronteras y nuestros dos países incluso habían llegado a un acuerdo sobre los documentos legales relevantes para este asunto. Gabón no mencionó ni una sola vez en todos estos años el documento de 1974. Al ser interrogado sobre el origen de los documentos, el Gabón indicó que un tercer Estado se los había proporcionado recientemente al Gabón y que no había ningún original.

54.      La existencia y autenticidad de la "Convención de Bata" ha sido objeto de debate entre las Partes. Una dificultad particular surge del hecho de que no se presentó a la Corte ningún original de la "Convención de Bata". 

55.      Guinea Ecuatorial pone en duda tanto la existencia de un acuerdo supuestamente alcanzado en Bata, como la autenticidad del documento invocado por el Gabón en el presente procedimiento, sin cuestionar, sin embargo, formalmente ninguno de los dos. Sostiene que existen diferentes versiones de la "Convención" y que éstas contienen importantes discrepancias. Afirma que corresponde al Gabón "probar que el documento en el que se basa es una copia fiel y exacta del supuesto tratado, que afirma fue firmado el 12 de septiembre de 1974".

56.      El Gabón sostiene que ha satisfecho la carga de probar la existencia de la "Convención de Bata", que fue firmada por los Presidentes de los dos países y que la copia que tiene ante sí el Tribunal es auténtica. Reconoce que no ha sido posible localizar un original de la "Convención de Bata". El Gabón explica que esto se debe a la deficiente conservación de registros, causada por una combinación de condiciones climáticas adversas y la falta de personal calificado y de recursos técnicos. El Gabón se basa en lo que describe como copias del original firmado de la "Convención de Bata" en español y francés, adjunto a una carta de fecha 28 de octubre de 1974 dirigida al Embajador de Francia en el Gabón por el Presidente del Gabón. El Gabón reconoce que existen diferentes versiones de la "Convención de Bata", pero considera que las discrepancias son menores, se deben a errores de transcripción y no guardan relación con la existencia de la "Convención".

57.      El Tribunal de Justicia no considera necesario examinar los argumentos así expuestos. Si bien el Gabón no ha disipado todas las dudas al respecto, hay algunas razones para creer que en Bata se firmó un documento denominado por el Gabón "Convención sobre la delimitación de las fronteras terrestres y marítimas de Guinea Ecuatorial y el Gabón". En cuanto a las dificultades para localizar el original de este documento, la ausencia de un texto aceptado como auténtico por ambas partes no prueba la inexistencia de un tratado (cf. Derecho de paso sobre el territorio indio (Portugal v. India), Fondo, Sentencia, I.C.J. Reports 1960, pág. 37). En los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia se conserva una carta de fecha 28 de octubre de 1974, a la que se adjuntaron ejemplares en español y francés de la "Convención de Bata". Guinea Ecuatorial, que reconoció que los Presidentes de los dos países se reunieron en Bata el 12 de septiembre de 1974, no ha afirmado que las firmas que figuran en la copia del documento no sean las firmas de los dos Jefes de Estado. A los efectos que nos ocupan, la Corte asumirá, sin decidir, que un texto fue firmado en Bata y que las "copias" que constan en el expediente de este procedimiento son reproducciones de dicho texto. 

58.      Lo decisivo para la Corte es si el "Convenio Bata" es un tratado con fuerza de ley entre las Partes en relación con su controversia y si, por lo tanto, constituye un título legal en el sentido del artículo 1 del Acuerdo Especial. A este respecto, las partes han presentado puntos de vista opuestos.

*             *

59.      Guinea Ecuatorial argumenta que la "Convención de Bata" "no tiene, y nunca se entendió ni se trató que tuviera, fuerza de ley en las relaciones entre las Partes" en lo que respecta a la delimitación de sus fronteras marítimas y terrestres comunes o a la soberanía sobre las islas de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga. A su juicio, la "Convención de Bata" parecería ser "a lo sumo, . . . un acuerdo para seguir buscando un acuerdo final". En apoyo de su afirmación, Guinea Ecuatorial se remite a los términos de la "Convención de Bata", a las circunstancias de su celebración y a la conducta posterior de las Partes, así como a otras consideraciones que demuestran que las Partes no tenían intención de quedar jurídicamente obligadas por ella.

60.      Con respecto a los términos de la "Convención de Bata", Guinea Ecuatorial señala que contiene disposiciones que exigen a las Partes que adopten medidas adicionales para resolver las cuestiones en disputa, incluso mediante el logro de nuevos acuerdos sobre sus fronteras terrestres y marítimas. Sostiene que estas características indicarían que la "Convención de Bata" "no fue concebida ni entendida como un acuerdo definitivo sobre las fronteras, sino que fue considerada por ambas Partes como precursora de un acuerdo ulterior previsto".

61.      Guinea Ecuatorial sostiene que las circunstancias en las que supuestamente se redactó el "Convenio de Bata" demuestran que las Partes no tenían intención de obligarse por él. Señala la ausencia de todo material preparatorio, actas de la reunión o declaraciones públicas oficiales que pudieran esperarse en la preparación o aprobación de un tratado de delimitación. Sostiene además que los intercambios de correspondencia posteriores a la "Convención de Bata" demuestran que las Partes no habían llegado a un acuerdo.

62.      Guinea Ecuatorial subraya que la conducta posterior de las Partes también confirma que la "Convención de Bata" no es un tratado con fuerza de ley. Señala que, durante casi tres décadas después de la firma de la "Convención de Bata", las Partes continuaron sus negociaciones para resolver las mismas cuestiones supuestamente resueltas por ese instrumento. Explica que las partes continuaron tratando las cuestiones controvertidas "como si nunca hubieran sido resueltas" y que llevaron a cabo amplias negociaciones para resolverlas sin invocar nunca el "Convenio de Bata". También señala que las Partes nunca han adoptado ninguna de las medidas necesarias para aplicar los términos de la "Convención de Bata". Por último, Guinea Ecuatorial se refiere a una serie de protestas diplomáticas en las que ninguna de las Partes invocó la "Convención de Bata" en apoyo de sus reclamaciones.

63.      Guinea Ecuatorial señala que el Gabón esperó hasta febrero de 2004 antes de presentar la "Convención de Bata" a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro en virtud del Artículo 102 de la Carta. Guinea Ecuatorial reconoce que la falta de registro de un tratado no le priva de fuerza de ley, suponiendo que la tuviera desde el principio. Pero sugiere que la demora de 29 años en la presentación de la "Convención" para su registro ofrece otra indicación de que Gabón "no la había entendido anteriormente [...] que tenga la naturaleza de un tratado con fuerza de ley entre las Partes".

64.      Por último, Guinea Ecuatorial afirma que el hecho de que el Gabón no haya seguido los procedimientos exigidos por su propia Constitución para la ratificación de la "Convención de Bata" es un indicio más de que "el Gabón entiende que no se ha concertado ningún tratado".

*

65.      Para el Gabón, el "Convenio de Bata" es un tratado con fuerza de ley entre las Partes. En apoyo de esta opinión, se refiere principalmente a los términos de la "Convención de Bata" y a las circunstancias de su celebración.

66.      El Gabón considera que la "Convención de Bata" posee "todas las características de un tratado". Toma nota de que la "Convención" comprende un preámbulo y diez artículos en los que las "Altas Partes Contratantes" expresan su acuerdo. La "Convención" también contiene disposiciones que son típicas de los tratados, como una disposición relativa a su entrada en vigor. En lo que respecta a los términos de la "Convención", el Gabón sostiene que cada uno de los diez artículos "contiene uno o más indicadores de que las partes tenían la intención de obligarse en virtud del derecho internacional". A juicio del Gabón, la presencia de disposiciones que exijan que las Partes adopten nuevas medidas no niega el carácter vinculante del instrumento.

67.      Las circunstancias en las que se redactó el "Convenio de Bata", sostiene el Gabón, también indican que las Partes tenían la intención de obligarse jurídicamente. El Gabón rechaza la descripción que hace Guinea Ecuatorial de estas circunstancias. Afirma que la "Convención de Bata" fue el resultado de negociaciones bilaterales que tuvieron lugar entre 1970 y 1974 con el objetivo de delimitar las fronteras comunes de los dos Estados. La firma de la "Convención de Bata" fue la "culminación" de estas negociaciones.

68.      El Gabón también cuestiona la pertinencia de la conducta posterior de las Partes para determinar su intención de quedar jurídicamente obligadas. A juicio del Gabón, el comportamiento ulterior de las partes en un tratado, incluidas las declaraciones hechas después de su firma por una de las partes, "no puede poner en tela de juicio los términos de un tratado cuando esos términos prevén claramente compromisos mutuos". El Gabón añade que el mero hecho de que las Partes no hayan aplicado determinadas disposiciones del "Convenio de Bata" no puede poner en tela de juicio su fuerza vinculante. El Gabón afirma que el hecho de que haya invocado o no el "Convenio de Bata" por su nombre en las relaciones entre las Partes entre 1974 y 2003 tampoco es pertinente. No obstante, en el curso de la vista oral, el Gabón dio varias explicaciones de por qué no invocó la "Convención" durante ese período (véase el párrafo 93 infra).

69.      El Gabón subraya además que el hecho de que "un tratado no se haya mencionado o incluso haya sido olvidado durante algún tiempo no significa que haya dejado de existir o que haya sido terminado" en el sentido del derecho de los tratados.

70.      El Gabón aduce que la demora en presentar la "Convención de Bata" a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro tampoco es pertinente. Se basa en la sentencia de la Corte de 1994 en el caso relativo a la delimitación marítima y las cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrein

(Qatar c. Bahréin), donde la Corte declaró que la falta de registro o el registro tardío de un acuerdo "no tiene ninguna consecuencia para la validez efectiva del acuerdo, que no deja de ser vinculante para las partes" (Jurisdicción y Admisibilidad, Sentencia, I.C.J. Reports 1994, p. 122, párr. 29).

71.      Por último, el Gabón rechaza la afirmación de Guinea Ecuatorial de que la falta de aprobación parlamentaria de la "Convención de Bata" confirma que el Gabón entendía que no se había concertado ningún tratado. Sostiene que el desconocimiento por las Partes de sus normas constitucionales relativas a la celebración de tratados es "irrelevante para discernir la intención objetiva de las Partes al celebrar la Convención".

*             *

72.      La Corte recuerda que, en virtud del derecho internacional consuetudinario de los tratados, que es aplicable en este caso (véase el párrafo 34), un acuerdo internacional concertado entre Estados por escrito y regido por el derecho internacional constituye un tratado (Delimitación marítima en el Océano Índico (Somalia c. Kenia), Excepciones Preliminares, Sentencia, I.C.J. Reports 2017, p. 21, párr. 42; véase también Frontera terrestre y marítima entre Camerún y Nigeria (Camerún c. Nigeria: intervención de Guinea Ecuatorial), Sentencia, I.C.J. Reports 2002, pág. 429, párr. 263, refiriéndose al párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena). Si bien existe una gran variedad de formas y denominaciones que puede adoptar un tratado, para que un instrumento constituya un tratado es necesaria la intención de las partes de obligarse jurídicamente. A falta de esa intención de obligarse, no es posible calificar un instrumento de tratado. La Corte señala que la "Convención de Bata" es un documento que podría caracterizarse como tratado si las Partes hubieran expresado la intención de obligarse jurídicamente por ese documento o si tal intención pudiera inferirse.

73.  La Corte y los tribunales internacionales han tenido ocasión de determinar si un instrumento constituye un tratado. Para llegar a esa determinación, los juzgados y tribunales, entre otras cosas, han examinado los términos del instrumento y las circunstancias particulares en las que se redactó para indicar si las partes tenían la intención de quedar jurídicamente obligadas por el instrumento (véase, por ejemplo, Plataforma continental del mar Egeo (Grecia c . Turquía), Sentencia, I.C.J. Reports 1978, págs. 38-44, párrs. 94-107; Kasikili/Sedudu

Island (Botswana/Namibia), Sentencia, I.C.J. Reports 1999 (II), págs. 1090 y 91, párrs. 67 y 68; Frontera terrestre y marítima entre el Camerún y Nigeria (Camerún c. Nigeria: intervención de Guinea Ecuatorial), Sentencia, I.C.J. Reports 2002, págs. 429 a 431, párrafos 263 a 268; Obligación de Negociar el Acceso al Océano Pacífico (Bolivia v. Chile), Sentencia I.C.J. Reports 2018 (II), pp. 549-550, párrs. 131-132). La conducta posterior de las partes también puede servir como un indicador relevante de la intención de las partes de estar legalmente obligadas (Arbitraje del Mar Meridional de China (Filipinas v. China), Laudo sobre Jurisdicción y Admisibilidad de 29 de octubre de 2015, Reports of International Arbitral Awards (RIAA), Vol. XXXIII, p. 86, párr. 213). Además, la Corte observa que el comportamiento posterior de ambas partes, si es claro y coherente durante un período prolongado de tiempo, puede tener mayor peso que el comportamiento posterior de una de las partes individualmente.

74.      Así, la Corte observa que en los términos del instrumento y en las circunstancias particulares en que se redactó, así como en el comportamiento ulterior de las partes, pueden identificarse indicios de la intención de las partes. El peso que se concederá a cualquier indicación en particular dependerá de las circunstancias de cada caso. La presencia de indicaciones concordantes puede ser más decisiva que cualquier indicación tomada individualmente. 

75.      Las partes se han referido a gran parte de esta jurisprudencia en sus alegatos. Están de acuerdo, en su mayoría, en que los elementos antes mencionados son pertinentes para la investigación de la Corte. También están de acuerdo en que el Tribunal no tiene que examinar si se dio por terminado el "Convenio Bata". Los debates se han centrado esencialmente en la cuestión de si el "Convenio Bata" constituye un título jurídico en el sentido del artículo 1 del Acuerdo Especial.

76.      Si la "Convención de Bata" es un tratado con fuerza de ley entre las Partes, y por lo tanto un título legal en el sentido del Acuerdo Especial, es una cuestión de derecho que debe determinar la Corte (cf. Jurisdicción de Pesca (Reino Unido v. Islandia), Fondo, Sentencia, I.C.J. Reports 1974, pág. 9, párr. 17). El Tribunal examinará esta cuestión a la luz de la jurisprudencia señalada anteriormente (véase el apartado 73).

*

77.      El Tribunal comienza examinando si los términos del "Convenio Bata", que consta de diez artículos y una  cláusula de nota bene, ofrecen indicaciones de la intención de las Partes de quedar jurídicamente obligadas por él. La Corte observa que este instrumento presenta varias características que, a primera vista, lo hacen parecer un tratado. En el preámbulo se indica que el objetivo de la "Convención de Bata" es resolver la controversia de las Partes "estableciendo definitivamente sus fronteras terrestres y marítimas comunes". A este respecto, el artículo 2 dispone que se cede al Gabón la zona del Distrito de Medouneu situada en el territorio de Guinea Ecuatorial; en compensación, el Gabón cede ("cède") a Guinea Ecuatorial dos extensiones de tierra que formarán parte de su territorio. El verbo "ceder" es indicativo de una obligación legal. De conformidad con el artículo 3 del "Convenio de Bata", las Partes "reconocen" ("reconocen") que Mbanié/Mbañe forma parte integrante del territorio de Gabón y que las "Islas Elobey e Isla Corisco" forman parte integrante del territorio de Guinea Ecuatorial. El verbo "reconocer" sugiere que se ha asumido una obligación jurídica. El artículo 4, por su parte, describe la frontera marítima por referencia a una línea de latitud y estableciendo el punto de partida de la frontera. Además, la inclusión de una disposición relativa a la entrada en vigor de la "Convención de Bata" parece indicativa del carácter vinculante del instrumento. Se trata de elementos que ofrecen indicios de que las Partes pueden haber tenido la intención de quedar jurídicamente obligadas por el "Convenio de Bata".

78.  Al mismo tiempo, la Corte toma nota de ciertas características —en particular el artículo 7 del "Convenio Bata" y la  cláusula nota bene (manuscrita en la versión española pero mecanografiada en la versión francesa que consta en el presente procedimiento)— que arrojan algunas dudas sobre la intención de las Partes de establecer definitivamente sus fronteras terrestres y marítimas comunes, en la medida en que parecen asumir los compromisos descritos en los artículos 2 y 2 4 de la misma, condicionado a futuros acuerdos entre las Partes (véase el párrafo 85) (cf. Delimitación de la frontera marítima en la Bahía de Bengala (Bangladesh/Myanmar), Sentencia, ITLOS Reports 2012, p. 35, párr. 92).

                                                                                    *                                  

79.      El Tribunal de Justicia se ocupa ahora de las circunstancias en las que se redactó el "Convenio Bata". Señala que la información que se le ha facilitado sobre el proceso que condujo a la firma de la "Convención de Bata" es limitada y contradictoria. La Corte no tiene constancia contemporánea de la reunión celebrada en Bata en septiembre de 1974. Tampoco se le ha presentado material preparatorio que pueda arrojar luz sobre la intención de las Partes. En el momento de la firma de la "Convención de Bata", las Partes no emitieron ninguna declaración oficial, como suele hacerse cuando se firma un instrumento del tipo alegado por el Gabón. Se ha hecho referencia a un "comunicado final" firmado por los dos Jefes de Estado en Bata, pero no se ha presentado el texto completo de este comunicado. Por lo tanto, el Tribunal no puede evaluar su contenido ni su relación con el "Convenio Bata".

80.      El Gabón sostiene que la intención de las Partes de quedar obligadas por el "Convenio de Bata" debe evaluarse en relación con las negociaciones celebradas durante un período de "más de cuatro años", que culminaron con la firma del "Convenio de Bata". Sugiere además que de estas negociaciones surgieron "esbozos iniciales" de la "Convención de Bata". Sin embargo, la Corte no puede ver nada en estas negociaciones que pueda inferirse que alguna de las Partes haya previsto o concluido un tratado vinculante en septiembre de 1974. Por el contrario, las pruebas de que dispone la Corte demuestran que las Partes continuaron manteniendo posiciones divergentes con respecto a su frontera marítima común y su soberanía sobre las islas.

81.      La Corte observa que las Partes, en apoyo de sus respectivas pretensiones, se han referido ampliamente a la correspondencia diplomática de las autoridades francesas y españolas posterior a la firma del "Convenio de Bata". Tras haber analizado detenidamente esta correspondencia, el Tribunal de Justicia considera que no es concluyente. Esta correspondencia no hace más que confirmar que existía mucha incertidumbre poco después de la firma de la "Convención de Bata" y en los años siguientes en cuanto a si se pretendía que fuera un tratado jurídicamente vinculante o simplemente un proyecto de tratado.

82.      En general, las circunstancias en las que se redactó el "Convenio de Bata" no ayudan al Tribunal a determinar la intención de las partes. De estas circunstancias no se puede discernir una clara intención de obligarse jurídicamente.

*

83.      La Corte examinará ahora la conducta ulterior de las Partes para determinar si proporciona indicios de que tenían la intención de obligarse jurídicamente en el momento de la firma de la "Convención de Bata". El Tribunal de Justicia no acepta la afirmación de Gabón de que este comportamiento posterior carece de pertinencia jurídica (véase el apartado 73).

84.  A juicio de la Corte, la conducta ulterior de las partes pesa mucho en contra de la posición del Gabón. Proporciona indicios convincentes de que las Partes no concibieron la "Convención de Bata" como un tratado con fuerza de ley. El Tribunal examinará tres aspectos principales de esta conducta.  

85.      En primer lugar, la Corte observa que las Partes nunca dieron efecto a las disposiciones de la "Convención Bata". Señala que los términos de ese instrumento dejan bastante claro que se pretendía que fuera sólo una parte de una solución más amplia de la controversia de las Partes y que habría sido necesario complementarlo mediante medidas y acuerdos adicionales posteriores. Estas medidas adicionales, sin embargo, nunca se tomaron. Por ejemplo, el artículo 7 de la "Convención de Bata" establece que "[l]os protocoles d'accord seront pris" para determinar la superficie y los límites precisos de las tierras cedidas al Gabón y de las cedidas a Guinea Ecuatorial en virtud de su artículo 2, así como para especificar los "procedimientos para la aplicación de la presente Convención" ("les modalités d'application de la présente Convention"”). Del mismo modo, el artículo 8 de la "Convención" establece que la "matérialización", es decir, la demarcación de las fronteras, será realizada por un equipo integrado por representantes de ambos Estados. Además, la  cláusula nota bene establece que los dos Jefes de Estado acuerdan proceder posteriormente a un nuevo texto del artículo 4 para ponerlo en conformidad con la Convención de 1900. La Corte observa que no se adoptó ninguna de las medidas previstas que habrían dado efecto a la "Convención Bata"; tampoco hay información ante la Corte de que Guinea Ecuatorial o Gabón hayan iniciado alguna acción requerida por la "Convención". El Gabón no ha explicado de manera convincente las razones de esta inacción.

86.      La Corte considera que esta conducta es una indicación de que las Partes no concibieron la "Convención Bata" como un tratado.

87.      En segundo lugar, la Corte señala que, entre 1979 y 2003, las Partes celebraron varias rondas de negociaciones. El expediente que tiene ante sí la Corte indica que estas negociaciones se referían al establecimiento de una zona de desarrollo conjunto, así como a cuestiones de delimitación terrestre y marítima y de soberanía sobre las islas de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga, en otras palabras, las negociaciones se referían a cuestiones supuestamente resueltas por la "Convención de Bata". La Corte observa que las Partes actuaron en todo momento como si la "Convención de Bata" no fuera vinculante para ellas. De hecho, las partes no discuten que ninguna de ellas invocó el "Convenio de Bata" en ningún momento durante estas negociaciones.

88.  Prueba de ello son las reuniones celebradas por las Partes en 1985, 1993 y 2001. Entre  el 10 y el 16 de noviembre de 1985 se reunió en Bata una comisión ad hoc para definir la frontera marítima entre las Partes en la bahía de Corisco. La reunión fue inaugurada con los discursos del Ministro de Industria de Guinea Ecuatorial y el Ministro de Estado de Gabón. Como se refleja en el acta de la reunión, ambas Partes reclamaron soberanía sobre las islas de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga, y procedieron sobre la base de que la controversia sobre estas islas no estaba resuelta. Las actas también indican que ambas partes afirmaron una "serie de principios y criterios básicos" que servirían para definir su frontera marítima común, entre los que se enumeraban la Convención de 1900 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La "Convención de Bata", sin embargo, no fue incluida.

89.      Las negociaciones celebradas por las Partes entre el 17 y el 19 de enero de 1993 en Libreville bajo los auspicios de una subcomisión de la  comisión ad hoc aportan pruebas adicionales  . La reunión se centró en la "delimitación de la frontera entre Gabón y Guinea Ecuatorial", que incluía las fronteras terrestres y marítimas comunes de las Partes. En el acta de la reunión se indica, entre otras cosas, que no fue posible que las Partes llegaran a un acuerdo con respecto a su frontera marítima común, ya que cada una de las Partes reclamaba la soberanía sobre las islas de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga. En el curso de esa reunión, Guinea Ecuatorial propuso que la controversia sobre las islas se sometiera a mediación o arbitraje internacional. El Gabón, por su parte, indicó que seguía "dispuesto a negociar la delimitación de la frontera marítima entre los dos países". El Tribunal observa que ninguna de las Partes hizo mención alguna de la "Bata"

Convención" en esa reunión.                                            

90.      Un panorama similar se desprende de la reunión de la  comisión ad hoc celebrada en Libreville entre el 29 y el 31 de enero de 2001. De acuerdo con las actas de esta reunión, ambas partes acordaron que los "instrumentos legales e históricos" pertinentes para la delimitación marítima incluían la Convención de 1900, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de la Unidad Africana y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Guinea Ecuatorial propuso dos "hipótesis de trabajo" para el trazado de la frontera marítima: dividir la zona en tres sectores o trazar una línea mediana y excluir las islas en disputa de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga para abordarlas más adelante. Gabón, por su parte, prometió presentar su propia "hipótesis de trabajo". Una vez más, el Tribunal observa que en la reunión no se menciona la "Convención de Bata". Lo que es más, las líneas de delimitación propuestas son difícilmente consistentes con la frontera marítima supuestamente definida por la "Convención de Bata" en 1974.

91.      La Corte concede gran importancia a la conducta clara y mutuamente coherente de las Partes a lo largo de muchos años de negociaciones, haciendo caso omiso de la "Convención de Bata". La inferencia natural de esta conducta es que en ningún momento se consideraron obligados por ella.

92.      El Gabón ha sugerido que los Estados a menudo negocian sobre cuestiones sobre las que ya han llegado a un acuerdo y que hacerlo no puede tener consecuencias para la condición jurídica de un tratado existente. Esta sugerencia no convence a la Corte. Es cierto que el hecho de no invocar un tratado no afecta a su carácter jurídicamente vinculante, una vez establecido. Los Estados también son libres de entablar negociaciones sobre cuestiones que ya han sido resueltas por acuerdos anteriores. Difícilmente puede suponerse, sin embargo, que lo harían sin mencionar estos acuerdos previos, aunque sólo sea de pasada.

93.      El Gabón también ha tratado de dar explicaciones a su silencio. En su respuesta a una pregunta formulada por un miembro de la Corte, el Gabón declaró que no había invocado el "Convenio de Bata" en aras del mantenimiento de las relaciones de buena vecindad y del seguimiento de las tradiciones y prácticas africanas de solución de controversias. Al Tribunal de Justicia no le convencen estas explicaciones. Las pruebas presentadas ante el Tribunal de Justicia no las respaldan. El Gabón tampoco ha podido explicar por qué se sintió capaz de invocar la "Convención" en 2003 pero no en los años anteriores.

94.      En consecuencia, la conducta posterior de las Partes a lo largo de muchos decenios de negociaciones en cuanto a sus fronteras terrestres y marítimas constituye un claro indicio de que no habían entendido que estaban celebrando un tratado con fuerza de ley en Bata.

95.      En tercer lugar, la Corte considera que varios intercambios diplomáticos entre las Partes —en particular, notas de protesta— posteriores a la firma del "Convenio de Bata" confirman aún más que las Partes en ningún momento consideraron que éste fuera vinculante para ellas. Se pueden dar algunos ejemplos. La Corte observa que el 4 de mayo de 1990, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gabón envió una nota verbal a la Embajada de Guinea Ecuatorial en Libreville en relación con un permiso de exploración otorgado por Guinea Ecuatorial en la bahía de Corisco. El Gabón afirmó su soberanía sobre la isla de Mbanié/Mbañe y se refirió a dos posibles líneas de delimitación que, a su juicio, no se tenían en cuenta en el permiso. También hizo hincapié en que la zona en cuestión estaba "muy objeto de controversias" y "sujeta a negociaciones", de modo que

Guinea Ecuatorial no puede actuar unilateralmente. En consecuencia, Gabón pidió a la Embajada de Guinea Ecuatorial que "intervenga ante sus autoridades competentes" para que se detenga cualquier prospección petrolera en esta zona "a la espera de la definición de la frontera marítima [de las Partes] por parte de la comisión ad hoc sobre las fronteras de los dos países, que tendrá lugar muy pronto". El 13 de septiembre de 1999, el Gabón promulgó otra protesta, después de que Guinea Ecuatorial adoptara el Decreto Nº 1/1999, por el que se designaba la línea mediana como frontera marítima entre los dos países y se establecían puntos de base en las islas de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga. En su nota verbal, el Gabón afirmó su soberanía sobre las islas, pero no hizo ninguna referencia a la "Convención de Bata". También propuso reanudar las negociaciones suspendidas en 1993 para resolver la controversia de las Partes (véase el párrafo 89 supra).

96.      La Corte considera que la conducta de Gabón es inconsistente con su afirmación de que la "Convención de Bata" es un acuerdo vinculante que resolvió definitivamente la disputa de las Partes, en particular la cuestión de la soberanía sobre Mbanié/Mbañe. Si el Gabón hubiera creído que la "Convención" estaba en vigor, habría sido natural que invocara la "Convención" en sus protestas. El Gabón no ha dado ninguna explicación creíble de por qué no formuló sus protestas en términos de la "Convención". De ello se deduce que el Gabón no creía que este instrumento fuera jurídicamente vinculante.

97.      En resumen, la conducta posterior de las Partes, considerada en su conjunto, proporciona indicios convincentes de que las Partes no consideraron que la "Convención de Bata" fuera un tratado.

*

98.      A la luz de todo lo anterior, en particular de la conducta de las Partes en las décadas posteriores a la firma de la "Convención de Bata", la Corte concluye que la "Convención de Bata" no es un tratado con fuerza de ley entre Guinea Ecuatorial y Gabón relativo a la delimitación de sus fronteras marítimas y terrestres comunes y a su soberanía sobre las islas de Mbanié/Mbañe.  Cocotiers/Cocoteros y Conga. Por consiguiente, la "Convención de Bata" no constituye un título jurídico en el sentido del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo Especial.

IV. LOS TÍTULOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES INVOCADOS

POR LAS PARTES EN RELACIÓN CON LA DELIMITACIÓN DE  SU FRONTERA TERRESTRE COMÚN

99.      La Corte examinará ahora los títulos jurídicos, los tratados y las convenciones internacionales invocados por las Partes en relación con la delimitación de sus fronteras territoriales comunes.

*             *     

100.   Guinea Ecuatorial sostiene que los títulos legales, tratados y convenciones internacionales que tienen fuerza de ley en las relaciones entre las Partes en la medida en que se refieren a la delimitación de su frontera terrestre común son

"la sucesión por la República Gabonesa y la sucesión por la República de Guinea Ecuatorial de todos los títulos de propiedad territorial, que ostentaban respectivamente el 17 de agosto de 1960 por Francia y el 12 de octubre de 1968 por España, sobre la base de la Convención de 1900, incluidos los títulos de propiedad territorial sobre la base de las modificaciones introducidas, en la aplicación de dicha Convención;  hasta la frontera descrita en el artículo IV de la Convención" (comunicaciones finales de Guinea Ecuatorial, párrafo III; véase el párrafo 13 supra).

101.   Guinea Ecuatorial explica que la extensión espacial del territorio al que Guinea Ecuatorial accedió está delimitada por las fronteras que dividían el territorio administrado por España del de Gabón en el momento de la independencia de Guinea Ecuatorial.

102.   Según Guinea Ecuatorial, la frontera terrestre entre los territorios ocupados por España y Francia fue establecida por el artículo IV de la Convención de 1900, modificada posteriormente de conformidad con los términos de dicha Convención. Sostiene que las partes acordaron en la Convención un proceso para modificar los límites a fin de dar cuenta de la información geográfica recién adquirida. Guinea Ecuatorial explica que, en virtud del Artículo VIII y del Apéndice Nº 1 de la Convención de 1900, los Comisionados o Delegados locales estaban facultados para proponer modificaciones a las líneas de demarcación a fin de determinarlas con mayor precisión, teniendo en cuenta las características geográficas de la zona.

103.   Si bien Guinea Ecuatorial acepta que las modificaciones de los límites propuestas por los Comisionados o los Delegados locales requieren la aprobación de sus respectivos Gobiernos, sostiene que la Convención no prevé ningún procedimiento específico o formal para obtener o otorgar dicha aprobación. A su juicio, la Convención de 1900 sólo exige que los cambios propuestos sean presentados por los Comisionados o los Delegados locales a sus respectivos Gobiernos y que éstos los aprueben. Guinea Ecuatorial sostiene que la aprobación puede efectuarse por cualquier medio, incluso por la conducta.

104.   Según Guinea Ecuatorial, los límites establecidos por el artículo IV de la Convención de 1900 fueron modificados posteriormente en las zonas del río Utamboni y del río Kie.

105.   Con respecto a la zona del río Utambani, Guinea Ecuatorial explica que, de conformidad con el artículo VIII de la Convención de 1900, España y Francia establecieron una comisión en 1901 (la Comisión de 1901), que concluyó su labor y propuso modificaciones de la frontera. Guinea Ecuatorial argumenta que España y Francia aprobaron la propuesta de la Comisión de 1901 en la zona del río Utambani, donde consideraron que su trabajo era suficientemente preciso.

106.   A juicio de Guinea Ecuatorial, España y Francia aprueban la propuesta

La modificación se desprende claramente de su conducta. Según Guinea Ecuatorial, los actos de administración fueron llevados a cabo exclusivamente por España en su lado de la frontera modificada, sin que Francia lo impugnara. Las extensas infraestructuras efectivísticas de España  incluyen los censos realizados en 1932, 1942 y 1950, la administración de escuelas y tribunales, la aplicación de las leyes penales y la regulación de la actividad económica.

107.   A este respecto, Guinea Ecuatorial se refiere, en particular, a la ciudad de Asobla, afirmando que España la convirtió en un importante centro regional, que sirvió como sede del subdistrito administrativo de España y como un puesto militar clave. Guinea Ecuatorial afirma que Francia no llevó a cabo ningún acto de administración en Asobla.

108.   Según Guinea Ecuatorial, esta era la situación que prevalecía en la zona del río Utamboni después de la independencia de Gabón el 17 de agosto de 1960. Guinea Ecuatorial sostiene que la aceptación por parte del Gabón de las modificaciones fronterizas es evidente en una propuesta que el Gabón hizo a España en 1963 para celebrar una convención destinada a definir las "relaciones fronterizas" entre el Gabón y Río Muni, administrado por España. A juicio de Guinea Ecuatorial, el Gabón partía de la premisa de que había una frontera acordada.

109.   Guinea Ecuatorial también argumenta que ha ejercido su soberanía en toda la zona del río Utamboni desde que logró la independencia en 1968, mientras que Gabón nunca ha realizado actos soberanos en ninguna de las ciudades y pueblos de esta zona.

110.   Por estos motivos, con respecto a la zona del río Utambani, Guinea Ecuatorial sostiene que cuando sucedió a España en el título de España tras su independencia en 1968, lo hizo respecto del territorio comprendido en la frontera propuesta por la Comisión de 1901 y aprobada por las partes en la Convención de 1900.

111.   Por lo que se refiere a la zona del río Kie, Guinea Ecuatorial reconoce que España y Francia rechazaron finalmente la propuesta de la Comisión de 1901 por considerarla geográficamente inexacta debido al mal funcionamiento de los cronómetros de la Comisión. No obstante, en su opinión, las autoridades coloniales pertinentes seguían estando de acuerdo en que la frontera oriental debía seguir los ríos y otros accidentes geográficos.

112.   Según Guinea Ecuatorial, en 1917, España y Francia volvieron a intentar modificar la parte oriental de la frontera descrita en el artículo IV de la Convención de 1900 para tener en cuenta la información recién adquirida sobre la geografía de la zona. Guinea Ecuatorial sostiene que, mediante un canje de notas entre los más altos funcionarios de las colonias (el Acuerdo de Gobernadores de 1919), España y Francia acordaron modificar la frontera para que, en la parte pertinente, siguiera el río Kie. A su juicio, es innegable que las dos Potencias coloniales aprobaron la modificación, ya que celebraron este Acuerdo. Guinea Ecuatorial alega que España y Francia utilizaron los procedimientos establecidos en la Convención de 1900 para modificar la frontera en la zona del río Kie.

113.   Guinea Ecuatorial argumenta que España implementó el Acuerdo de Gobernadores de 1919, sin objeción por parte de Francia. Cita como ejemplos de infra legem effectivités españolas los siguientes: la construcción de una carretera, el mantenimiento de estructuras de ingeniería, los actos de la administración civil, la realización del censo, la construcción de escuelas y centros de salud, la concesión de tierras y la explotación de infraestructuras de transporte y comunicaciones. Guinea Ecuatorial señala que Francia no hizo ningún intento de llevar a cabo ningún acto administrativo propio en la zona, y que Francia reconoció la frontera modificada en un informe de inteligencia de 1940 y en una nota de 1953 preparada por el Inspector General de los Servicios Geográficos de Ultramar.

114.   Según Guinea Ecuatorial, después de obtener la independencia en 1960, Gabón, al igual que Francia, también aceptó la frontera modificada. Guinea Ecuatorial afirma que el Gabón no protestó cuando España llevó a cabo un censo en las zonas situadas al oeste del río Kie, y que el Gabón aceptó el río Kie como frontera en el contexto de la negociación de un acuerdo con España sobre el cruce de fronteras y cuestiones conexas en 1965.

115.   Guinea Ecuatorial sostiene también que, desde su independencia, ha seguido ejerciendo su soberanía sobre todas las ciudades de la zona del río Kie que se encuentran al este del meridiano 9° y al oeste del río Kie. Según Guinea Ecuatorial, el Acuerdo entre Gabón y Guinea Ecuatorial sobre la construcción de un puente fronterizo y un tramo de carretera asfaltada con obras entre los dos países (3 de agosto de 2007) (en adelante, el "Acuerdo de 2007") y los dos puentes construidos en virtud de dicho Acuerdo confirman que las Partes han reconocido el río Kie como límite en el noreste de conformidad con las modificaciones introducidas en la Convención de 1900 a través de la Convención de los Gobernadores de 1919. Acuerdo. Guinea Ecuatorial subraya que en el artículo II del Acuerdo de 2007 se especifica que Ebebiyin y Mongomo son ciudades "de Guinea Ecuatorial". También señala que las Partes tienen instalaciones de aduanas e inmigración en sus respectivos lados del río Kie.

*

116.   El Gabón sostiene que "la Convención [de Bata] [...] y la Convención [de 1900]..., a reserva de las modificaciones introducidas en la frontera por la Convención de Bata", son los títulos jurídicos con fuerza de ley en las relaciones entre las Partes en la medida en que se refieren a la delimitación de su frontera terrestre común (comunicaciones finales del Gabón, párrafo a) i); véase el párrafo 13 supra).

117.   Con respecto a los argumentos de Guinea Ecuatorial relativos a las modificaciones introducidas en la frontera, el Gabón sostiene que el Apéndice Nº 1 de la Convención de 1900 exige que los Gobiernos las aprueben expresamente. El Gabón sostiene que, dado que no se cumplió esta condición esencial, desde el punto de vista jurídico, no puede considerarse que las adaptaciones propuestas a la frontera hayan modificado el título resultante de la Convención.

118.   Con respecto a la zona del río Utambani, el Gabón sostiene que España y Francia nunca aprobaron, ni en su totalidad ni en parte, la modificación de los límites propuesta por la Comisión de 1901. El Gabón señala que, en una carta enviada al embajador francés en España en 1907, el Ministro de Estado español atribuyó importancia a un examen completo y riguroso de la propuesta, que, sin embargo, nunca se completó. 

119.   Según el Gabón, ninguna de las effectivités invocadas por Guinea Ecuatorial apoya la conclusión de que España, y menos aún Francia, aprobaron la frontera propuesta por la Comisión de 1901. Sostiene que la posición de Guinea Ecuatorial se basa únicamente en efictividades que contradicen la definición de la frontera descrita en el artículo IV de la Convención de 1900. A juicio del Gabón, esas effectivités, incluso si fueran auténticas, sólo serían contra legem.

120.   A juicio del Gabón, dado que la Comisión de 1901 había situado incorrectamente las ciudades de Asobla y Anguma al norte del paralelo 1° norte de latitud, no puede deducirse de la administración de estas localidades que las autoridades españolas aprobaran la propuesta de la Comisión. Es posible que simplemente consideraran que estaban respetando los límites descritos en el artículo IV de la Convención de 1900.

121.   Según el Gabón, Francia seguía considerando que la frontera entre las dos colonias correspondía a la línea descrita en el artículo IV de la Convención de 1900. Señala la Orden del Gobernador General del África Ecuatorial Francesa de 1936, que definió el límite norte de la subdivisión de Cocobeach como "el límite de la Guinea Española tal como se define en la Convención de 1900". El Gabón señala que Guinea Ecuatorial no ha dado respuesta alguna a la Orden de 1936 que confirmó, más de 30 años después de la propuesta de la Comisión de 1901, que la frontera en la zona del río Utamboni seguía siguiendo el paralelo 1° norte de latitud.

122.   En cuanto a la zona del río Kie, el Gabón sostiene que los gobernadores no actuaron en el marco de las disposiciones de la Convención de 1900 que permitían modificar la frontera. Según el Gabón, el texto y el contexto de la propuesta inicial formulada por el Gobernador General de los Territorios Españoles en África demuestran que las autoridades coloniales españolas no consideraron que estuvieran actuando como delegados locales investidos de la facultad de modificar la frontera territorial. El Gabón subraya que la Convención de 1900 nunca se mencionó en el intercambio de cartas entre los gobernadores, y sostiene que su intención era simplemente encontrar una solución temporal y conveniente para evitar incidentes fronterizos en esa zona. El Gabón señala que el Gobernador General del África Ecuatorial Francesa reafirmó el carácter provisional de la solución en su respuesta al Gobernador General de los Territorios Españoles en África.

123.   El Gabón sostiene además que las autoridades francesas no cambiaron su posición sobre la frontera establecida por el artículo IV de la Convención de 1900. El Gabón se remite a la Orden del Gobernador General del África Ecuatorial Francesa de 1936, que reafirmó el meridiano de 9° como límite en el este, y a los mapas de las subdivisiones administrativas del Gabón Francés.

124.   El Gabón también se refiere a la conducta de las Partes después de su independencia. El Gabón subraya que en el Acuerdo de 2007 no se menciona la frontera y, a lo sumo, se trata de un acuerdo de conveniencia entre dos Estados deseosos de establecer el comercio transfronterizo en la zona.

125.   Según el Gabón, las reivindicaciones de Guinea Ecuatorial en la zona del río Kie se basan, una vez más, únicamente en efectivités contrarios al título resultante de la Convención de 1900, y el acuerdo alcanzado por los Gobernadores no puede servir de base para transformar las effectivités contra legem en infra legem effectivités.

*             *     

126.   El Tribunal ya ha llegado a la conclusión de que el "Convenio Bata" no constituye un título jurídico en el sentido del artículo 1 del Acuerdo Especial (véase el párrafo 98 supra). Por consiguiente, la salvedad atribuida por el Gabón cuando invocó la Convención de 1900 como título jurídico en sus comunicaciones finales —a saber, "a reserva de las modificaciones introducidas en la frontera por la Convención de Bata"— tampoco tiene ningún efecto sobre los títulos jurídicos relativos a la delimitación de la frontera de sus tierras comunales.

127.   Guinea Ecuatorial invoca como título legal su frontera terrestre con Gabón

"la sucesión por [las Partes] de todos los títulos de propiedad territorial, que posean . . . por Francia y . . . España, sobre la base de la Convención de 1900, incluidos los títulos de propiedad territorial sobre la base de las modificaciones introducidas, en la aplicación de dicha Convención, en la frontera descrita en el artículo IV de la Convención".

128.   Un Estado puede suceder en la titularidad del territorio de su Estado predecesor (véase el párrafo 43 supra). Guinea Ecuatorial y el Gabón convienen en que, en las fechas de su independencia, cada uno de ellos sucedió en el título de propiedad del territorio que España y Francia poseían, respectivamente, como Potencias coloniales. La Corte recuerda que, desde el punto de vista jurídico, "[b]onse independizarse, un nuevo Estado adquiere soberanía con la base territorial y los límites que le han sido dejados por la potencia colonial" (Disputa fronteriza (Burkina Faso/República de Malí), Sentencia, I.C.J. Reports 1986, p. 568, párr. 30).

129.   Las Partes convienen en que los títulos que les sucedieron tras la independencia fueron ostentados por las Potencias coloniales sobre la base de la Convención de 1900. El desacuerdo entre ellas se refiere a la segunda parte de la alegación de Guinea Ecuatorial, a saber, si dichos títulos incluyen también la titularidad de un territorio poseído sobre la base de modificaciones introducidas, en aplicación de dicha Convención, en la frontera descrita en el artículo IV de la Convención de 1900.

130.   El Artículo VIII y el Apéndice No. 1 de la Convención de 1900 establecen los procedimientos para la modificación de la frontera descrita en el Artículo IV. El artículo VIII estipula en parte lo siguiente:

 "Ambos Gobiernos acuerdan designar Comisarios, dentro de los cuatro meses siguientes al canje de ratificaciones, que se encargarán de trazar sobre el terreno las líneas de demarcación entre las posesiones francesas y españolas, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio y en el espíritu de éstas."

El Apéndice Nº 1 dispone lo siguiente:

 "Aunque en general se supone que el curso de las líneas de demarcación en los mapas adjuntos a la presente Convención (apéndices Nos. 2 y 3) es exacto, no puede considerarse una representación absolutamente correcta hasta que se confirme mediante nuevos estudios.

 Por lo tanto, se acuerda que los Comisionados o Delegados locales de ambas Naciones, que posteriormente se encargarán de delimitar la totalidad o parte de los límites sobre el terreno, utilizarán como base la descripción de los límites establecida en la Convención. Al mismo tiempo, podrán modificar dichas líneas de demarcación a fin de determinarlas con mayor precisión y rectificar la posición de las líneas divisorias de los caminos o ríos, y de las ciudades o pueblos marcados en los mapas antes mencionados.

 Los cambios o correcciones propuestos de común acuerdo por dichos Comisionados o Delegados serán sometidos a la aprobación de los respectivos Gobiernos."

131.         Las Partes convienen en que la frontera terrestre podría modificarse sobre la base de las propuestas formuladas por los Comisionados o los Delegados locales y que cualquier modificación propuesta requería la aprobación de los respectivos Gobiernos. Concuerdan además en que los Comisionados fueron nombrados de conformidad con los términos de la Convención de 1900 y que en 1901 dichos Comisionados hicieron propuestas para modificar la frontera descrita en el Artículo IV de la Convención de 1900.

132.         Sin embargo, las Partes discrepan en cuanto a si la frontera descrita en el artículo IV de la Convención de 1900 fue modificada de conformidad con los procedimientos establecidos en la Convención. Guinea Ecuatorial aduce que las disposiciones que permiten la modificación de la frontera se aplicaron y entraron en vigor en las zonas de los ríos Utamboni y Kie. El Gabón, por su parte, sostiene que las propuestas formuladas por la Comisión de 1901 no fueron aprobadas ni en lo que respecta a las zonas del río Utamboni ni del río Kie. En cuanto al Acuerdo de Gobernadores de 1919, el Gabón sostiene que no forma parte del procedimiento establecido en el Apéndice Nº 1 de la Convención de 1900.

133.         La Corte examinará si la frontera descrita en el artículo IV de la Convención de 1900 fue modificada de conformidad con los procedimientos establecidos en la Convención, con respecto a la zona del río Utamboni y la zona del río Kie, respectivamente.

A. Zona del río Utamboni

134.         Con respecto a la zona del río Utambani, las Partes discrepan en cuanto a si la propuesta hecha por la Comisión de 1901 fue aprobada por España y Francia.

135.         La Corte examinará en primer lugar si España y Francia aprobaron la propuesta mediante decisiones formales de sus respectivos Gobiernos. A este respecto, la Corte toma nota de varios intercambios entre ellos en 1905 y 1907. En particular, en una carta dirigida al embajador de Francia en España, el ministro de Estado español llamó la atención sobre "las discrepancias que, en consecuencia, impidieron a este Ministerio aprobar definitivamente los trabajos de la citada Comisión franco-española". El Ministro de Estado declaró además lo siguiente:

 "En efecto, no podíamos tomar a la ligera una cuestión tan importante como ésta, aprobar o rechazar el trabajo de la Comisión franco-española de 1901, sin una comprensión clara del mérito de su trabajo. 

 De ahí el examen y el minucioso y necesariamente lento relevamiento al que los delegados españoles han tenido que dedicar los últimos tres años y medio para poder determinar una línea fronteriza precisa y, además, salvaguardar los intereses tanto de Francia como de España". (Carta del Ministro de Estado español al Embajador de Francia en España, 20 de abril de 1907.)

La Corte observa que las autoridades francesas reconocieron favorablemente el enfoque descrito por el Ministro de Estado español en esta carta (Carta del Ministro de las Colonias de Francia al Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, 29 de junio de 1907).

136.         A juicio de la Corte, los intercambios entre España y Francia en el período de 1905 a 1907 indican que la propuesta hecha por la Comisión de 1901 no fue aprobada mediante decisiones formales de sus respectivos Gobiernos. La Corte observa una aparente ausencia de aprobación gubernamental durante las siguientes cinco décadas. Dos notas emitidas por las autoridades coloniales francesas afirmaban que la delimitación "definitiva" prevista en el artículo VIII de la Convención de 1900 aún no había sido llevada a cabo por la Comisión franco-española (Nota de la División de Coordinación para el África Ecuatorial Francesa sobre la delimitación de la frontera entre el Gabón y la Guinea Española, 15 de septiembre de 1952; Nota del Gobierno General del África Ecuatorial Francesa sobre la delimitación de la frontera entre el Gabón y la Guinea Española, 16 de septiembre de 1952).

137.         La Corte pasa ahora a examinar el argumento de Guinea Ecuatorial de que la propuesta hecha por la Comisión de 1901 fue aprobada gracias a la conducta de España y Francia. La Corte observa que no hay nada en los términos de la Convención de 1900 que exija una forma específica de aprobación para las modificaciones de la frontera propuestas por los Comisionados o Delegados locales bajo el Apéndice No. 1 de la Convención. En consecuencia, el Tribunal considera que tal aprobación podría inferirse de los comportamientos de España y Francia.

138.         La Corte observa que España llevó a cabo actos de administración en ciudades al sur de la frontera descrita en el artículo IV de la Convención de 1900, incluida la de Asobla. Realizaba censos, administraba escuelas y tribunales, aplicaba las leyes penales y regulaba la actividad económica.

139.         Con respecto a los actos de administración de España en la ciudad de Asobla, la Corte observa que la Comisión de 1901 ubicó a Asobla al norte del paralelo 1° norte de latitud y que su ubicación exacta en relación con la frontera descrita en el artículo IV de la Convención de 1900 no estuvo clara durante un período prolongado. Por lo tanto, no se sabe con certeza si las autoridades españolas y francesas consideraron que los actos de administración de España se llevaron a cabo al sur del paralelo 1° norte de latitud. Además, parece que Francia consideraba que esta zona seguía siendo objeto de controversia entre ella y España (Carta Nº 18 del Jefe de la Subdivisión de Cocobeach al Jefe del Departamento de Estuaire, 9 de marzo de 1940). En vista de lo anterior, la Corte considera que los actos de administración de España en Asobla no indican que España y Francia aprobaran la propuesta hecha por la Comisión de 1901.

140.         A fin de determinar si la propuesta hecha por la Comisión de 1901 fue aprobada por el comportamiento de las partes en la Convención, la Corte considera importante tener en cuenta la conducta de Francia además de la de España. Las pruebas presentadas por las partes señalan casos en los que Francia protestó contra las incursiones españolas en zonas al sur de la frontera descrita en el artículo IV de la Convención de 1900 y casos en los que Francia se basó en esa frontera. Por ejemplo, en 1927, en respuesta a las actividades llevadas a cabo por España en varias aldeas al sur de la frontera descrita en el Artículo IV, el Teniente Gobernador francés de Gabón declaró que la "imprecisión de nuestras fronteras no justifica las invasiones" en ciertas aldeas que eran "claramente dependientes de nuestro gobierno" (Carta No. 212 del Teniente Gobernador francés de Gabón al Gobernador General de los Territorios Españoles en el Golfo de Guinea,  16 de agosto de 1927).

141.         Documentos internos del Gobierno francés confirman que Francia no aprobó la propuesta de la Comisión de 1901. En 1927, el Gobernador General del África Ecuatorial Francesa informó al Ministro francés para las Colonias de varios incidentes en los que las autoridades coloniales españolas habían "llevado a cabo actos en territorios que estaban incuestionablemente bajo soberanía francesa" (Carta Nº 507 del Gobernador General del África Ecuatorial Francesa al Ministro francés para las Colonias, 15 de septiembre de 1927). En 1937, las autoridades francesas rechazaron la afirmación de las autoridades coloniales españolas de que el paralelo 1° norte de latitud constituía la frontera sólo desde su segundo punto de intersección con el río Utambani, afirmando que "[e]sta interpretación es incuestionablemente errónea" (Carta Nº 439 del Ministro francés para las Colonias al Gobernador General del África Ecuatorial Francesa,  3 de mayo de 1937). En 1943, refiriéndose a la zona hacia el recodo del río Muni, el Comisario de Relaciones Exteriores francés, que estaba bajo la autoridad del Comité Nacional de la Francia Libre, afirmó que los términos del artículo IV de la Convención de 1900 no dejaban lugar a dudas de que esta zona pertenecía a Francia (Carta del Comisionado Nacional de Relaciones Exteriores al Comisionado Nacional para las Colonias,  27 de febrero de 1943). En 1953, el Instituto Geográfico Nacional de Francia caracterizó la presencia de España en el recodo del río "Mitemboni [Utamboni]" como una ocupación ostensible y una violación flagrante de la Convención de 1900 (Nota Nº 378 del Instituto Geográfico Nacional para la Dirección de Asuntos Políticos, 9 de enero de 1953). En el mismo año, las autoridades francesas consideraron que un mapa elaborado por España mostraba a España invadiendo el territorio controlado por Francia en varios puntos, y pidieron que se preparara su propio mapa con vistas a futuras negociaciones con el Gobierno español (Carta nº 242 del Ministro de Ultramar de Francia al Ministro de Asuntos Exteriores de Francia,  8 de marzo de 1953).

142.         En vista de lo anterior, la Corte considera que la propuesta realizada por la Comisión de 1901 no fue aprobada por la conducta de España y Francia.

143.         Guinea Ecuatorial también se refiere a la conducta del Gabón después de 1960 en apoyo de su afirmación de que la frontera propuesta por la Comisión de 1901 siguió siendo respetada después de la independencia del Gabón. Guinea Ecuatorial subraya que España sigue ejerciendo su autoridad en la zona del río Utamboni sin que el Gabón proteste. En particular, invoca los intercambios diplomáticos de Gabón con España, proponiendo negociaciones "con el fin de celebrar un convenio destinado a definir las relaciones fronterizas entre [ellos]" (Nota verbal de la Embajada de Gabón en España al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, 10 de diciembre de 1963). La Corte no está de acuerdo con la caracterización que hace Guinea Ecuatorial de los acontecimientos posteriores a la independencia de Gabón. Si bien Gabón y España negociaron un acuerdo para regular las relaciones fronterizas, dicho acuerdo nunca entró en vigor.

144.         Por estas razones, con respecto a la zona del río Utambani, la Corte concluye que el límite descrito en el artículo IV de la Convención de 1900 no fue modificado conforme a los procedimientos establecidos en el artículo VIII y el Apéndice No. 1 de la Convención. 

B. Zona del río Kie

145.         En la parte oriental de la frontera, la Corte observa que el trabajo de la Comisión de 1901 fue geográficamente inexacto debido al mal funcionamiento de sus cronómetros (Reino de España, Carta de la Sección Colonial del Ministerio de Estado, 20 de abril de 1907). Sobre esta base, las Partes acuerdan que la propuesta hecha por la Comisión de 1901 para modificar el límite en la zona del río Kie no fue aprobada por España y Francia. De hecho, Guinea Ecuatorial reconoce expresamente que "en el oriente [...] España y Francia rechazaron finalmente las propuestas de la Comisión".

146.         En la zona del río Kie, el núcleo del desacuerdo de las Partes es si el Acuerdo de Gobernadores de 1919 (véase el párrafo 25 supra) tuvo el efecto de modificar la frontera descrita en el artículo IV de la Convención de 1900.

147.         El Tribunal de Justicia recuerda que siempre está obligado a pronunciarse sobre las alegaciones finales de las partes, tal como se formularon al término de la vista oral (véase el apartado 45 supra). De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo Especial, se pide a la Corte que determine si los títulos jurídicos "invocados por las partes" tienen fuerza de ley en las relaciones entre ellas en la medida en que se refieran a la delimitación de los límites de sus tierras comunes. En consecuencia, determinará si los títulos jurídicos invocados por las Partes en sus alegaciones finales tienen fuerza de ley en las relaciones entre ellas. La Corte no está obligada a tomar esta determinación, y por lo tanto no puede hacerlo, con respecto a ningún título legal que no haya sido invocado por las Partes en sus presentaciones finales (véase el párrafo 45).

148.         Al respecto, la Corte observa que el título legal invocado por Guinea Ecuatorial en relación con la delimitación de la frontera terrestre común es

"la sucesión por la República Gabonesa y la sucesión por la República de Guinea Ecuatorial de todos los títulos de propiedad territorial, que ostentaban respectivamente el 17 de agosto de 1960 por Francia y el 12 de octubre de 1968 por España,  sobre la base de la Convención de 1900, incluidos los títulos de propiedad territorial sobre la base de las modificaciones introducidas, en la aplicación de dicha Convención;  hasta la frontera descrita en el artículo IV de la Convención" (énfasis añadido).

Por lo tanto, la tarea de la Corte se limita a determinar si la frontera descrita en el artículo IV de la Convención de 1900 ha sido modificada de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo VIII y el Apéndice No. 1 de la Convención. La Corte no está llamada a determinar si el Acuerdo de Gobernadores de 1919 constituye un título legal autónomo relativo a la delimitación de la frontera territorial.

149.         El Acuerdo de Gobernadores de 1919 adopta la forma de un intercambio de cartas entre los Gobernadores Generales. En la primera carta, enviada el 22 de noviembre de 1917, el Gobernador General de los Territorios Españoles de África propuso que "en la parte oriental del territorio español, entre el paralelo 2° 10' 20" de latitud norte y el lugar donde nace el río Kie, podríamos considerar a ese río como frontera temporal hasta que se establezca una delimitación precisa de la frontera" (Carta del Gobernador General de los Territorios Españoles de África al Gobernador del Gabón francés, 22 de noviembre de 1917). En su respuesta, el Gobernador General del África Ecuatorial Francesa aceptó la propuesta, afirmando que "la nueva frontera adoptada provisionalmente para la parte oriental del territorio español adyacente a los territorios ocupados de Neukamerun se determinará por el curso del arroyo N'kye [Kie]" (Carta Nº 63 del Gobernador General del África Ecuatorial Francesa a la

Gobernador General de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, 24 de enero de 1919). En respuesta, el Gobernador General de Guinea Española comunicó que "Estoy totalmente de acuerdo con Vuestra Excelencia en cuanto a la adopción provisional del curso del río N'kye [Kie] como parte de la frontera oriental del territorio español" (Carta del Gobernador General de Guinea Española a Su Excelencia el Gobernador General de África Ecuatorial Francesa, 1 de mayo de 1919).

150.         A juicio de la Corte, el mencionado intercambio de cartas entre los Gobernadores Generales indica que, en la zona del río Kie, los representantes locales, en nombre de las Potencias coloniales, adoptaron una línea temporal y provisional para evitar incidentes, y no una frontera permanente. La Corte recuerda que "[a]unque hubiera existido una línea provisional considerada conveniente por un período de tiempo, ésta debe distinguirse de una frontera internacional" (Controversia Territorial y Marítima entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe (Nicaragua c. Honduras), Sentencia, I.C.J. Reports 2007 (II), pág. 735, párr. 253).

151.         Guinea Ecuatorial subraya que España y Francia continuaron aplicando el Acuerdo de Gobernadores de 1919 en la zona del río Kie y argumenta que la frontera descrita en el artículo IV de la Convención de 1900 fue modificada debido a su conducta de conformidad con los procedimientos establecidos en la Convención. La Corte señala que España llevó a cabo actos de administración en localidades del lado oeste del río Kie, que incluyeron la realización de censos, la construcción de carreteras, la construcción de escuelas y centros de salud, el otorgamiento de concesiones de tierras, la operación de transporte y el mantenimiento de guarniciones militares. Guinea Ecuatorial se refiere, en particular, a la ciudad de Alén, donde España mantenía una guarnición militar, una escuela y una infraestructura de transporte. El Tribunal observa que, en algunas ocasiones, Francia también se basó en la línea adoptada por los Gobernadores Generales.

152.         Sin embargo, no hay nada en el texto de las cartas ni en las circunstancias que rodearon su intercambio que indique que los Gobernadores Generales actuaran como "delegados locales" investidos de la facultad de proponer modificaciones a la frontera de conformidad con el Apéndice Nº 1 de la Convención de 1900. De hecho, en el Canje de Notas no se hace referencia a la Convención de 1900. En consecuencia, la Corte considera que el Acuerdo de Gobernadores de 1919 no se celebró de conformidad con los procedimientos establecidos en la Convención de 1900 para modificar la frontera descrita en el artículo IV. La conducta posterior de España y Francia no puede cambiar esta conclusión.

153.         Guinea Ecuatorial también se refiere a la conducta de las Partes después de su independencia para respaldar su afirmación de que el Acuerdo de Gobernadores de 1919 siguió aplicándose en la zona del río Kie. La Corte observa que el Informe de 1993 de la Comisión Fronteriza Gabón-Guinea Ecuatorial dice lo siguiente:

 I.1.3 La zona situada al oeste del río Kie, entre éste y los 11° 20' al este del meridiano de Greenwich, que es territorio gabonés, es administrada por Guinea Ecuatorial.

 I.1.4 La ciudad ecuatoguineana de Ebebiyin está situada en parte en territorio gabonés, en la zona comprendida entre el río Kie y los 11° 20' al este del meridiano de Greenwich. (Informe de Francia de la Subcomisión de Fronteras de la Comisión Especial de Fronteras

      Gabón-Guinea Ecuatorial, 20 de enero de 1993 (énfasis añadido).)    

En este informe se indica que los representantes de las dos Partes consideraron que las zonas en las que Guinea Ecuatorial ejercía funciones administrativas se encontraban dentro del territorio gabonés.

154.         Guinea Ecuatorial hace especial hincapié en el Acuerdo de 2007 y en los dos puentes construidos en virtud de dicho Acuerdo e inaugurados por los respectivos Jefes de Estado de Guinea Ecuatorial y Gabón en 2011. Señala que el artículo II del Acuerdo especifica que las localidades de Ebebiyin y Mongomo están "en Guinea Ecuatorial". Sin embargo, en el Acuerdo de 2007 no se menciona la frontera entre las Partes y no se sugiere que constituya una modificación de la frontera de conformidad con las disposiciones de la Convención de 1900.

155.         Por estas razones, con respecto a la zona del río Kie, la Corte concluye que el límite descrito en el artículo IV de la Convención de 1900 no fue modificado conforme a los procedimientos establecidos en el artículo VIII y el Apéndice No. 1 de la Convención.

*

156.         A la luz de lo que antecede, la Corte concluye que los títulos legales invocados por las Partes que tienen fuerza de ley en las relaciones entre ellas en la medida en que se refieren a la delimitación de su frontera territorial común son los títulos que poseía el 17 de agosto de 1960 Francia y el 12 de octubre de 1968 España.  sobre la base de la Convención de 1900, a la que sucedieron Gabón y Guinea Ecuatorial respectivamente. La Corte considera que no se realizaron modificaciones a la frontera descrita en el artículo IV de la Convención, de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo VIII y el Apéndice No. 1 de la Convención.

157.         La conclusión a la que llega el Tribunal en el párrafo anterior se basa en el mandato específico otorgado por las Partes en virtud del Acuerdo Especial, a saber, determinar si los títulos legales que han invocado tienen fuerza de ley en las relaciones entre ellas en la medida en que los títulos se refieren a la delimitación de su límite de tierras comunes. Esta conclusión no impide que las Partes acuerden ajustar sus fronteras territoriales a la luz de la situación existente sobre el terreno y de los intereses de las poblaciones locales.

V. LOS TÍTULOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES INVOCADOS

POR LAS PARTES EN LO QUE RESPECTA A LA SOBERANÍA SOBRE MBANIÉ/MBAÑE, 

COCOTIERS/COCOTEROS Y CONGA

158.       La Corte examinará ahora los títulos jurídicos, tratados y convenios internacionales invocados por las Partes en relación con la soberanía sobre las islas de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga.

*           *     

159.   Guinea Ecuatorial sostiene que el título legal que tiene fuerza de ley en las relaciones entre las Partes en la medida en que se refiere a la soberanía sobre las islas de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga es "la sucesión por parte de la República de Guinea Ecuatorial del título que ostentaba España el 12 de octubre de 1968" sobre estas islas (comunicaciones finales de Guinea Ecuatorial,  párrafo IV; véase el párrafo 13 supra).

160.   Según Guinea Ecuatorial, Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga fueron históricamente considerados, tanto por España como por Francia, como dependencias de la isla de Corisco. En su opinión, los pequeños islotes deshabitados pueden considerarse "dependencias" de islas más grandes en las proximidades, de modo que el título de la isla más grande lleva consigo el título de la dependencia. Guinea Ecuatorial aduce que los tres islotes en cuestión siempre han sido tratados como dependencias de la isla de Corisco y que la titularidad de los mismos siempre se ha derivado de la titularidad de la isla de Corisco.

161.       Sobre esta base, Guinea Ecuatorial sostiene que España adquirió Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga por medio de la ocupación colonial, acuerdos con los gobernantes locales, afirmación pública y notoria de soberanía sin protestas, y una administración efectiva durante un período prolongado. En particular, Guinea Ecuatorial argumenta que el título legal de España sobre las islas en cuestión consistía en la cesión de derechos de Portugal en el Tratado de El Pardo de 1778 y la ocupación pacífica de las mismas por parte de España a partir de 1843. Se refiere además a la Declaración de Corisco de 1843, el Acta de Anexión de 1846, la Carta de Ciudadanía Española de 1846 y la Carta de 1858 que reafirma la posesión española de la isla de Corisco.

162.       Ecuatorial      Guinea Mantiene      ese   De España control sobre    Mbanié/Mbañe,

Cocotiers/Cocoteros y Conga no se disputaron durante el período colonial, ya que Francia sólo reclamó las islas Elobey. Guinea Ecuatorial aduce que Francia reconoció expresamente el título de propiedad de España sobre la isla de Corisco y sus dependencias, señalando que Francia afirmó durante las discusiones mantenidas por la Comisión Mixta franco-española de 1886 a 1891 que "Baynia [Mbanié/Mbañe]" es una dependencia de la isla de Corisco. Según Guinea Ecuatorial, Francia reconoció el título español sobre la base de la anexión y el acuerdo del rey de ese territorio.

163.   Guinea Ecuatorial sostiene que Francia aportó nuevas pruebas de que en 1895 había reconocido el título legal de España sobre la isla de Corisco y sus dependencias. Explica que, cuando los españoles

El Gobernador General de Fernando Póo protestó por las acciones francesas en la Bahía de Corisco, el Comisionado General del Congo Francés no impugnó el título de España sobre Mbanié/Mbañe y se limitó a negar las intenciones de Francia de establecer un puesto allí. Guinea Ecuatorial afirma que el reconocimiento por parte de Francia del título de España sobre Mbanié/Mbañe también se reflejó en mapas franceses contemporáneos en los que se indicaba que "Baynia [Mbanié/Mbañe]" pertenecía a España.

164.       Guinea Ecuatorial aduce que, en el momento en que se firmó la Convención de 1900, el título legal de España sobre Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga no había sido impugnado. Según Guinea Ecuatorial, si bien la Convención de 1900 no creó un título legal sobre esas islas, sirvió como confirmación del reconocimiento por parte de Francia del título legal preexistente de España sobre Corisco y, por extensión, sobre Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga, que, aunque no se mencionan específicamente en la Convención, fueron reconocidas por Francia como dependencias de Corisco antes de 1900.

165.   Guinea Ecuatorial sostiene que, después de la concertación de la Convención de 1900, España siguió afirmando abiertamente su título legal y ejerciendo su autoridad administrativa sobre la isla de Corisco y sus dependencias. Según Guinea Ecuatorial, el Ministro de Estado español pidió a las autoridades locales de Guinea Española que investigaran la veracidad de los rumores sobre una posible ocupación francesa de Mbanié/Mbañe. El Gobernador General de Guinea Española llegó a la conclusión de que los rumores eran falsos, pero ordenó al Vicegobernador que colocara guardias en Mbanié/Mbañe y Leva para asegurar su ocupación y que izara la bandera española en ellos. Guinea Ecuatorial subraya que Francia no protestó contra estas acciones.

166.   Guinea Ecuatorial se refiere, en particular, a un incidente ocurrido en 1955 en relación con la instalación de una baliza en Cocotiers/Cocoteros, que, según afirma, confirma el reconocimiento por parte de Francia de la titularidad de España sobre las islas. Según Guinea Ecuatorial, Francia comenzó los trabajos de construcción en febrero de 1955, creyendo que había recibido la autorización de España. Cuando España ordenó detener los trabajos, Francia accedió rápidamente y evacuó a los trabajadores y materiales de Cocotiers/Cocoteros. En un memorándum de mayo de 1955, el Ministro de Asuntos Exteriores francés declaró que Cocotiers/Cocoteros era una dependencia geográfica de Mbanié/Mbañe y que, en los últimos 50 años, Mbanié/Mbañe había sido ocupada por los españoles en varias ocasiones sin protesta ni ocupación alternativa por parte de Francia. Guinea Ecuatorial explica que posteriormente Francia pidió permiso a España para reiniciar las obras y que España se lo concedió. Guinea Ecuatorial sostiene además que cuando, como consecuencia de este incidente, España ordenó que se siguiera emplazando su Guardia Colonial en Mbanié/Mbañe, Francia no protestó.

167.   Guinea Ecuatorial aduce que el Gabón reconoció la validez de la titularidad jurídica de España sobre Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga desde su independencia en 1960. Señala, por ejemplo, que en 1962, Gabón celebró con España un Protocolo Marítimo que confirmaba la autoridad de España para mantener señales marítimas en toda la bahía de Corisco, incluida la baliza de Cocotiers/Cocoteros. Según Guinea Ecuatorial, en virtud de ese Protocolo, el Gabón no estaba autorizado a realizar trabajos en Cocotiers/Cocoteros ni en las aguas circundantes sin la autorización de España.

168.   Guinea Ecuatorial sostiene que, tras su independencia en 1968, los títulos legales de España sobre todas las islas de la bahía de Corisco, incluidas Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga, pasaron a Guinea Ecuatorial por sucesión.

169.   Guinea Ecuatorial también se refiere a los actos llevados a cabo después de su independencia. En 1970 emitió un decreto que establecía los límites de las aguas territoriales que rodean las islas Elobey, Corisco y los islotes Mbañe, Conga y Cocoteros. Guinea Ecuatorial explica que envió este decreto al Secretario General de las Naciones Unidas y que ni Gabón ni Francia protestaron.

170.       Por último, Guinea Ecuatorial sostiene que en 1972 el Gabón cambió repentinamente su posición y, por primera vez, hizo valer su derecho sobre las tres islas en cuestión. Según Guinea Ecuatorial, el 26 de agosto de 1972, el Gabón invadió Mbanié/Mbañe por la fuerza y la ha ocupado ilegalmente desde entonces. Guinea Ecuatorial lamenta que el Gabón haya minimizado esta conquista territorial calificándola de acción policial.

                                                                                    *                                  

171.   El Gabón invoca la "Convención de Bata" como título jurídico con fuerza de ley en las relaciones entre las Partes en la medida en que se refiere a la soberanía sobre Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga (comunicaciones finales del Gabón, párrafo a) ii); véase el párrafo 13 supra).

172.   El Gabón sostiene que, aunque esas tres islas son una sola unidad geográfica e histórica, no hay pruebas de que las Potencias coloniales las consideraran "dependencias de Corisco". Según el Gabón, no está claro si el término español "sus", en la frase "sus dependencias", tal como se utiliza en algunos documentos, se refiere a las islas Elobey o a las islas Corisco y Elobey. Sostiene además que el término "dependencias" en esos documentos parece referirse a islas habitadas, mientras que Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga nunca han estado habitadas de manera permanente. Además, el Gabón opina que la proximidad de las pequeñas islas deshabitadas a las islas más grandes no está establecida en la ley como base de la titularidad.

173.   El Gabón sostiene que el Tratado de El Pardo de 1778 carece de pertinencia porque sólo menciona las islas de Annobón y Fernando Póo/Fernando Pó y no Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga. El Gabón sostiene que los demás documentos históricos en los que se basa Guinea Ecuatorial representan actos unilaterales de España y no pueden constituir un título jurídico. Para Gabón, el Acta de Anexión de 1846 es también un acto unilateral de España, y no un tratado con un gobernante local. El Gabón alega que estos actos unilaterales de España son res inter alios acta para Francia e inaplicables contra esta última. Además, el Gabón subraya que, dado que los documentos históricos no se refieren a Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros o Conga, no guardan relación con esas islas.

174.   El Gabón sostiene además que Guinea Ecuatorial no puede invocar tanto la ocupación como título original como título derivado de la ocupación y los acuerdos con los gobernantes locales, ya que son mutuamente excluyentes. El Gabón señala que Guinea Ecuatorial no afirma que las islas en litigio fueran terra nullius, lo cual es un requisito para que la ocupación sea válida. En cuanto a los acuerdos con los gobernantes locales, el Gabón sostiene que Guinea Ecuatorial no ha demostrado la existencia de tales acuerdos.

175.   En lo que respecta a la supuesta afirmación pública y notoria de soberanía sin protesta por parte de Francia, el Gabón sostiene que Francia y el Gabón han hecho durante mucho tiempo reclamaciones contrapuestas sobre las islas, lo que equivale a una objeción.

176.   En cuanto al período anterior a la aprobación de la Convención de 1900, el Gabón sostiene que las reclamaciones de las dos Potencias coloniales se superponían significativamente en el Golfo de Guinea. Según Gabón, durante las discusiones mantenidas por la Comisión Mixta Franco-Española de 1886 a 1891, si bien Francia estaba dispuesta a renunciar a todas las reclamaciones sobre Corisco, se oponía a cualquier expansión adicional de las reclamaciones de España más allá de esa isla. El Gabón sostiene que los anexos de los protocolos de la Comisión servían como posiciones de negociación y no eran jurídicamente vinculantes para los participantes.

177.   Con respecto a la Convención de 1900, el Gabón subraya que, si bien la Convención resolvió la controversia de soberanía sobre Corisco y las islas Elobey, guardó silencio sobre la cuestión de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga. Por lo tanto, sostiene que la cuestión de la soberanía sobre esas islas sigue sin resolverse. 

178.   Por lo que se refiere al incidente de la baliza en Cocotiers/Cocoteros, el Gabón sostiene que Francia comenzó a construirla en 1955, sin solicitar ninguna autorización previa de España. La única autorización española solicitada por Francia se refería a la visita prevista de un barco hidrográfico francés a la bahía de Corisco. A juicio del Gabón, este episodio demuestra que ambas Potencias coloniales creían tener soberanía sobre las tres islas y que preferían evitar la controversia dando instrucciones a sus autoridades locales para que encontraran una solución práctica.

179.       El Gabón sostiene que las incertidumbres en cuanto a quién tenía la titularidad de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga se reflejan además en la conducta del Gabón y de España después de la independencia del Gabón. El Gabón se refiere, en particular, a las negociaciones de delimitación marítima entre España y el Gabón. El Gabón afirma que España se negó a situar sus puntos de base para una delimitación en las islas de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga, porque, como se desprende de un documento interno español de 1967, era consciente de que las negociaciones subsiguientes estarían empañadas por dificultades. El Gabón señala que en ese momento estaba considerando la posibilidad de establecer sus propios puntos de base en el banco de arena de Mbanié/Mbane.

*           *

180.   La Corte observa que las Partes acuerdan que Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga se encuentran muy cerca de la Isla Corisco, que nunca han tenido una población permanente y que deben ser tratadas como una sola unidad. La misma opinión fue expresada por Francia, que declaró en 1955 que Cocotiers/Cocoteros es "una dependencia geográfica" de Mbanié/Mbañe y que "sigue su destino" (República Francesa, Carta del Ministro de Relaciones Exteriores al Ministro de Ultramar de Francia, 6 de mayo de 1955). En consecuencia, la Corte considera que el mismo título legal se aplica a Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga.

181.   El Gabón invoca el "Convenio de Bata" como título jurídico con fuerza de ley en las relaciones entre las Partes en la medida en que se refiere a la soberanía sobre Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga. El Tribunal ya ha llegado a la conclusión de que el "Convenio Bata" no constituye un título jurídico en el sentido del artículo 1 del Acuerdo Especial (véase el párrafo 98 supra). En consecuencia, la Corte sólo examinará si el título invocado por Guinea Ecuatorial constituye un título jurídico relativo a la soberanía sobre Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga.

182.   Guinea Ecuatorial invoca como título jurídico "la sucesión por parte de la República de Guinea Ecuatorial del título que ostentaba España el 12 de octubre de 1968 sobre Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga". Por vía sucesión, el Estado sucesor adquiere el título que ostenta el Estado predecesor. Por lo tanto, la Corte debe determinar si España, como Potencia colonial, tenía la propiedad de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga cuando Guinea Ecuatorial se independizó el 12 de octubre de 1968.

183.   La Corte examinará en primer lugar los tratados invocados por Guinea Ecuatorial en apoyo de su pretensión de que España era titular de la propiedad de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga. Según Guinea Ecuatorial, el título de España sobre estas islas tuvo su origen en el Tratado de El Pardo de 1778, por el cual Portugal cedió su territorio colonial en el Golfo de Guinea a España. Sin embargo, el artículo XIII del Tratado sólo identifica a las islas de Annobón y Fernando Póo/Fernando Pó como territorios cedidos. No se refiere ni a Corisco ni a Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga. En consecuencia, la Corte considera que este Tratado no puede ser considerado como la fuente de la titularidad de España sobre las tres islas.

184.   Con respecto a la Convención de 1900, el artículo VII establece que Francia tendrá el derecho de tanteo si España desea ceder "las islas Elobey y la isla de Corisco". Guinea Ecuatorial no se basa en la Convención como fuente de la titularidad española de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga. Guinea Ecuatorial acepta que "[a]unque la Convención es una fuente de título legal para el territorio terrestre, no lo es para ninguna de las [tres] islas [en cuestión]". Tomando nota de esta declaración, el Gabón señala que las Partes convienen en que "la Convención de 1900 no es una fuente de título jurídico para las islas". Guinea Ecuatorial argumenta, en cambio, que la Convención de 1900 confirmó el reconocimiento por parte de Francia del título preexistente de España sobre la isla de Corisco y, por extensión, sobre Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga, que fueron reconocidas por Francia como dependencias de la isla de Corisco antes de 1900. El Tribunal de Justicia examinará este nuevo argumento a continuación (véase el apartado 193).

185.   A falta de un tratado que establezca la titularidad del territorio, las cortes y tribunales internacionales han examinado si ha habido una demostración intencional de autoridad sobre el territorio mediante el ejercicio de funciones estatales. Tal demostración de autoridad debe ser continua e indiscutida por otros Estados (por ejemplo , Soberanía sobre Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks y South Ledge (Malasia/Singapur), Sentencia, I.C.J. Reports 2008, p. 37, párr. 68; Soberanía territorial y alcance de la controversia (Eritrea c. Yemen), laudo de 9 de octubre de 1998, RIAA, vol. XXII, pág. 268, párr. 239; Sáhara Occidental, Opinión Consultiva, I.C.J. Reports 1975, pág. 43, párr. 93; Situación jurídica de Groenlandia oriental, Sentencia, 1933, P.C.I.J., Serie A/B, Nº 53, págs. 45 y 46; Caso Isla de Palmas (Países Bajos/Estados Unidos de América), laudo de 4 de abril de 1928, RIAA, vol. II, págs. 839 y 840). La naturaleza y el grado de la demostración de autoridad requerida dependen de las circunstancias particulares de cada caso, incluido el carácter del territorio y el tamaño de la población (por ejemplo, Soberanía sobre Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks y South Ledge (Malasia/Singapur), Sentencia, I.C.J. Reports 2008, págs. 36 y 37, párrs. 66 y 67; Isla Clipperton (México v. Francia), laudo de 28 de enero de 1931, RIAA, vol. II, p. 1110). Guinea Ecuatorial aborda esas condiciones a través de sus argumentos relativos a la afirmación pública y notoria de la soberanía sin protesta y con una administración efectiva durante un período prolongado.

186.   Por lo tanto, el Tribunal examinará si hubo una demostración intencional de autoridad por parte de España sobre Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga que fue continua e indiscutible.

187.       La Corte observa que España pretendió actuar à titre de souverain en relación con la isla de Corisco y sus dependencias antes de 1900, como lo demuestran la Declaración de Corisco de 1843 (Reino de España, Comisionado Real para las Islas Fernando Póo, Annobón y Corisco en la costa de África, Declaración de Corisco, 16 de marzo de 1843), el Acta de Anexión de 1846 (Reino de España,  Ministerio de Estado, Acta de Anexión, 18 de febrero de 1846) y la Carta de Ciudadanía Española de 1846 (Reino de España, Ministerio de Estado, Carta de Ciudadanía Española otorgada a los Habitantes de Corisco, Elobey y sus dependencias, 18 de febrero de 1846).  

188.   La Corte observa, sin embargo, que estos documentos se refieren únicamente a la isla de Corisco y a las "dependencias" de la isla de Corisco, pero no explícitamente a Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga. Por ejemplo, la Carta de Ciudadanía Española de 1846 establece que los habitantes de la isla de Corisco y sus "dependencias" gozan de la misma protección que los residentes de España. Por lo tanto, para determinar si estos actos de España constituyen una muestra de autoridad sobre los accidentes marítimos en cuestión, la Corte debe determinar si Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga fueron considerados por España y Francia como "dependencias" de la isla de Corisco. Al abordar esta cuestión, no es necesario que la Corte establezca una definición de la noción de "dependencias" en el derecho internacional.

189.         A este respecto, la Corte observa que en 1886 y 1887, Francia reconoció a "Baynia [Mbanié/Mbañe]" como "dependencia geográfica" y "dependencia natural" de la isla de Corisco (Comisión Franco-Española, Conferencia sobre la Delimitación en África Occidental, Archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, Anexo al Protocolo Nº 17, 24 de diciembre de 1886; Protocolo Nº 30, Sesión entre el Reino de España y la República Francesa, 16 de septiembre de 1887). Además, parece que el Comisario General francés no se opuso cuando el Gobernador General español de Fernando Póo se refirió a "Embagna [Mbanié/Mbañe]" como una dependencia adjunta a la isla de Corisco en 1895 (Carta Nº 368 del Gobernador General español de Fernando Póo al Comisario General del Congo Francés, 22 de noviembre de 1895). Con base en lo anterior, la Corte considera que España y Francia consideraron a Mbanié/Mbañe como una "dependencia" de la isla de Corisco. A este respecto, el Tribunal recuerda que las Partes están de acuerdo en que Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga constituyen una sola unidad y que Francia compartía esta opinión (véase el apartado 180 supra). De hecho, el Gabón subraya que las referencias a Mbanié/Mbañe abarcan las tres islas en litigio y que esas tres islas "no sólo constituyen una sola unidad geográfica, sino que fueron consideradas como tales por las Partes". Por estas razones, la Corte considera que Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga fueron considerados por España y Francia como "dependencias" de la Isla Corisco.

190.         El Gabón afirma que antes de 1900 Francia presentó reclamaciones concurrentes sobre Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga, lo que equivalía a una objeción a las reclamaciones de España. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no dispone de pruebas que indiquen que se hayan formulado tales reclamaciones concurrentes. Si bien el Gabón se refiere a acuerdos con los jefes de las islas Elobey, éstos no se refieren a Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga. Como tales, no equivalen a una objeción por parte de Francia a la reclamación de España sobre las tres islas en cuestión.

191.         Por el contrario, las discusiones mantenidas por la Comisión Mixta franco-española entre 1886 y 1891 muestran que Francia aceptó la reclamación española sobre Mbanié/Mbañe. En un memorándum presentado en 1886, la delegación francesa aceptó que "[l]as dependencias geográficas de Corisco son: Laval [Leva] y la llamada Baynia [Mbanié/Mbañe]" (Comisión Franco-Española, Conferencia sobre la Delimitación en África Occidental, Archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Anexo al Protocolo Nº 17, 24 de diciembre de 1886). En 1887, en un documento firmado por ambas delegaciones, el jefe de la delegación francesa afirmaba que "el acta de 1843 es a la que España debe la anexión de Corisco y de sus dependencias naturales, los islotes de Laval [Leva] y Baynia [Mbanié/Mbañe], incluidos en la zona de las aguas territoriales de esa isla" (Protocolo Nº 30,  Sesión entre el Reino de España y la República Francesa, 16 de septiembre de 1887).

Además, en 1895, el Gobernador General español de Fernando Póo afirmó que Mbanié/Mbañe pertenecía a España y protestó por ciertas acciones francesas tomadas en la bahía de Corisco (Carta Nº 368 del Gobernador General español de Fernando Póo al Comisionado General del Congo Francés, 22 de noviembre de 1895). En respuesta, el Comisionado General del Gabón Francés negó que Francia tuviera la intención de establecer un puesto en Mbanié/Mbañe y no reclamó ningún derecho sobre la isla (Carta Nº 203 del Comisionado General de la Administración Colonial de la República Francesa al Gobernador General de Fernando Póo y Dependencias del Reino de España, 4 de febrero de 1896). A juicio del Tribunal, las pruebas expuestas anteriormente demuestran la aceptación por parte de Francia de la titularidad española sobre Mbanié/Mbañe antes de 1900.

192.         La Corte observa que los mapas contemporáneos corresponden a la interpretación de Francia de que Mbanié/Mbañe era parte del territorio colonial español. Por ejemplo, el Atlas de las Colonias Francesas, encargado por el Ministerio de las Colonias francés y publicado en 1899, destaca la bahía de Corisco, la isla de Corisco, Leva y "Baynia [Mbanié/Mbañe]" en amarillo, y adjunta a cada isla la letra "E", que significa "Espagne" (España) (Atlas de las Colonias Francesas, Mapa del Congo (1899)). Si bien los mapas sirven principalmente sólo como prueba extrínseca de carácter auxiliar o confirmatorio, el Tribunal opina que los mapas franceses contemporáneos invocados por Guinea Ecuatorial son coherentes con la afirmación de que Francia entendía que Mbanié/Mbañe formaba parte del territorio colonial español (véase Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Sentencia, I.C.J. Reports 1999 (II),  pág. 1098, párr. 84; Controversia fronteriza (Burkina Faso/República de Malí), Sentencia, I.C.J. Reports 1986, pág. 582, párr. 54).

193.         Con respecto a la Convención de 1900, la Corte recuerda que, en virtud del artículo VII, Francia tenía el derecho de tanteo si España deseaba ceder "la isla de Corisco". A juicio del Tribunal, esta disposición refleja el reconocimiento por parte de Francia de la titularidad de España sobre la isla de Corisco. Sin embargo, la Convención no menciona las "dependencias" de la isla Corisco ni identifica a Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga por su nombre. Si bien Guinea Ecuatorial admite que la Convención no es una fuente de titulación jurídica para las tres islas en cuestión, alega que, no obstante, confirma el reconocimiento por parte de Francia de la titularidad preexistente de España sobre la isla de Corisco y, por extensión, sobre sus dependencias (véase el párrafo 164 supra). A falta de pruebas suficientes, la Corte se ha abstenido de concluir que la soberanía sobre una isla se extiende a otros accidentes marítimos en las proximidades (véase Soberanía sobre Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks y South Ledge

(Malasia/Singapur), Sentencia, I.C.J. Reports 2008, pág. 99, párr. 289; Controversia Territorial y Marítima (Nicaragua c. Colombia), Sentencia I.C.J. Reports 2012 (II), pág. 649, párr. 53). Sin embargo, en el caso de autos, los testimonios anteriores a 1900 permiten concluir que Francia y España consideraban que las tres islas eran "dependencias" de la isla de Corisco (véase el apartado 189 supra). En vista de lo anterior, la Corte considera que la Convención de 1900 está en línea con el reclamo de España sobre Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga.

194.         Después de la conclusión de la Convención de 1900, parece que España continuó ejerciendo autoridad sobre Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga sin protesta por parte de Francia. Por ejemplo, en 1908, el Gobernador General de Guinea Española ordenó al Vicegobernador que aumentara la presencia española en Mbanié/Mbañe mediante el envío de oficiales militares, el izamiento de la bandera española en la isla y la construcción de casas para apoyar la habitación (Carta del Ministro de Estado del Reino de España, 18 de mayo de 1908). No hay pruebas ante el Tribunal de Justicia de que Francia haya impugnado este ejercicio de autoridad por parte de España.    

195.         Guinea Ecuatorial atribuye importancia a un incidente ocurrido en Cocotiers/Cocoteros en 1955 en el que se instaló una baliza (véanse los párrafos 166, 167 y 178). La Corte recuerda a este respecto que "[l]a construcción de las ayudas a la navegación [...] puede ser jurídicamente pertinente en el caso de islas muy pequeñas" (Delimitación Marítima y Cuestiones Territoriales entre Qatar y Bahrein (Qatar c. Bahrein), Fondo, Sentencia, I.C.J. Reports 2001, pág. 100, párr. 197). Si bien los relatos de las partes sobre este incidente son contradictorios, la Corte considera que las declaraciones internas hechas por funcionarios franceses después del incidente confirman que Francia consideraba que Cocotiers/Cocoteros estaba bajo autoridad española. En una carta de 6 de mayo de 1955 dirigida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia al Ministro de Ultramar, el Ministro de Relaciones Exteriores declaró lo siguiente:

 "Debe considerarse que el islote 'Cocotiers' sigue la suerte de la isla de Baynia [Mbanié/Mbañe], de la que es una dependencia geográfica [...]

 [E]n los últimos cincuenta años, la isla de Baynia fue ocupada por los españoles en varias ocasiones, sin protesta u ocupación alternativa por nuestra parte[.]

 La isla de Aynia está situada dentro del límite de las seis millas náuticas que forman el límite de las aguas territoriales españolas.

 Además, la situación del islote dentro de las aguas territoriales de Corisco nos coloca en una posición jurídica básica desventajosa". (República Francesa, Carta del Ministro de Relaciones Exteriores al Ministro de Ultramar, 6 de mayo de 1955.)

Al mes siguiente, el Jefe de la Subdivisión de Balizamiento Marítimo para el África Ecuatorial Francesa emitió una Notificación formal a los Marineros, declarando que "dada la soberanía española sobre la Isla de Cocotiers ha sido reconocida por los Altos Funcionarios franceses, el faro de Cocotiers situado en territorio español es español" (Subdivisión Francesa de Balizamiento Marítimo, Boletín para Asesorar a los Marineros,  4 de julio de 1955).

    Al año siguiente, el Jefe del Servicio de Faros y Balizas francés escribió al Director

General de Obras Públicas del África Ecuatorial Francesa, declarando que

"Después de una pequeña disputa con las autoridades españolas, la soberanía española sobre el islote de Baynie [Mbanié/Mbañe] y el islote de Cocotiers tuvo que ser reconocida. 

Los españoles autorizaron la terminación, por parte de las autoridades francesas, de la construcción del faro en el islote de Cocotiers, así como la colocación, por estas mismas autoridades, de una luz en la parte superior del faro, con la condición de que los gastos incurridos para este trabajo fueran reembolsados por la nación soberana española". (Carta del Jefe del Servicio de Faros y Balizas al Director General de Obras Públicas del África Ecuatorial Francesa, 26 de enero de 1956.)

196.         La Corte observa que, después de que Gabón lograra la independencia en 1960, continuó reconociendo a España el título de propiedad de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga. En 1962, Gabón firmó con España un Protocolo Marítimo en el que se reconocía la autoridad de España para mantener señales marítimas en la bahía de Corisco, incluida la baliza de Cocotiers/Cocoteros. En virtud de este Protocolo, el Gabón no estaba autorizado a realizar trabajos en Cocotiers/Cocoteros ni en las aguas circundantes sin la autorización de España (Protocolo de aplicación en cumplimiento de la Organización de Señales Marítimas para el Boyaje y la Señalización de la Bahía de Corisco y el Río Muni, 23 de mayo de 1962).

197.         La Corte recuerda que anteriormente ha tenido en cuenta las pruebas de efectividad posteriores a la independencia  cuando ha considerado que proporcionaban indicaciones respecto de la frontera establecida sobre la base del  principio uti possidetis (Controversia de fronteras terrestres, insulares y marítimas (El Salvador/Honduras: Nicaragua interviniendo), Sentencia, I.C.J. Reports 1992, págs. 398 y 399, párr. 62; Controversia fronteriza (Benin/Níger), Sentencia, I.C.J. Reports 2005, págs. 109-110, párr. 27; Disputa Territorial y Marítima entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe (Nicaragua vs. Honduras), Sentencia, I.C.J. Reports 2007 (II), págs. 713-722, párrs. 176-208, pág. 727, párr. 229). En el presente caso, que se refiere a la identificación de los títulos jurídicos, la Corte observa que la conducta de las Partes indica que Guinea Ecuatorial mantuvo el control sobre las tres islas después de alcanzar la independencia en 1968. Por ejemplo, en 1970, Guinea Ecuatorial emitió un decreto que establecía "los límites de las aguas territoriales [...] rodeando las islas Elobey, Corisco y los islotes Mbañe, Conga y Cocotero, que forman parte integrante del territorio nacional de Guinea". Guinea Ecuatorial envió este decreto al Secretario General de las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas distribuyeron la comunicación a todos los Estados Miembros, incluido el Gabón. No hay pruebas ante el Tribunal de que el Gabón haya presentado objeción alguna.

198.         A la luz de lo anterior, la Corte concluye que, cuando Guinea Ecuatorial alcanzó la independencia el 12 de octubre de 1968, España, como Potencia colonial, ostentaba la titularidad de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga sobre la base de una demostración intencional de autoridad que fue continua e indiscutible. Habiendo llegado a esta conclusión, la Corte no considera necesario abordar los demás argumentos esgrimidos por Guinea Ecuatorial.

199.         En consecuencia, de los títulos jurídicos invocados por las Partes, el título que tiene fuerza de ley en las relaciones entre ellas en lo que se refiere a la soberanía sobre estas islas es el título que ostentaba España el 12 de octubre de 1968, al que Guinea Ecuatorial sucedió al alcanzar la independencia.

VI. LOSTÍTULOS LEGALES, TRATADOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES INVOCADOS 

POR LAS PARTES EN RELACIÓN CON LA DELIMITACIÓN DE SU FRONTERA MARÍTIMA COMÚN

• FRONTERAS MARÍTIMAS 

200.         La Corte examinará ahora los títulos jurídicos, los tratados y los convenios internacionales invocados por las Partes en relación con la delimitación de su frontera marítima común.

*    *

201.         Guinea Ecuatorial sostiene que los títulos jurídicos, tratados y convenios internacionales que tienen fuerza de ley en las relaciones entre las Partes en la medida en que se refieren a la delimitación de su frontera marítima común son:

"1. La Convención de 1900, en la medida en que estableció el término de la frontera terrestre en Bahía de Corisco;                   

2.     la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada el 10 de diciembre de 1982 en Montego Bay, y

3.     el derecho internacional consuetudinario en la medida en que establece que la titularidad y el derecho de un Estado sobre las zonas marítimas adyacentes se derivan de su titularidad sobre el territorio terrestre". (Comunicaciones finales de Guinea Ecuatorial, párrafo V; véase el párrafo 13 supra.)

202.  Con respecto a la Convención de 1900, Guinea Ecuatorial argumenta que, en la medida en que establece el límite fronterizo terrestre, es un instrumento jurídico esencial para la delimitación de la frontera marítima de las Partes y entra de lleno en la categoría de títulos jurídicos comprendidos en el artículo 1 del Acuerdo Especial. Según Guinea Ecuatorial, es imposible determinar la frontera marítima de las Partes sin hacer referencia al límite fronterizo terrestre.

203.  En cuanto a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Guinea Ecuatorial sostiene que está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 1 del Acuerdo Especial por ser uno de los títulos jurídicos, tratados y convenios internacionales que tienen fuerza de ley entre las Partes en la medida en que se refieren a la delimitación de la frontera marítima común. En particular, Guinea Ecuatorial subraya que la tarea de la Corte no se limita a determinar los títulos jurídicos, sino también los tratados y convenciones internacionales relativos a la delimitación marítima. A su juicio, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es un convenio internacional con fuerza de ley que "se refiere" a la delimitación de las fronteras marítimas de las Partes, aunque no efectúe por sí misma la delimitación.

204.  Por último, Guinea Ecuatorial se basa en el principio establecido en el derecho internacional consuetudinario de que la tierra domina el mar a través de la proyección de las costas o de los frentes costeros. Guinea Ecuatorial sostiene que uno de los títulos jurídicos, tratados y convenciones internacionales que tienen fuerza de ley entre las Partes en la medida en que se refieren a la delimitación de su frontera marítima común es "el derecho internacional consuetudinario en la medida en que establece que el derecho de un Estado ribereño a las zonas marítimas adyacentes se deriva de su titularidad sobre el territorio terrestre". En el curso de las actuaciones orales, Guinea Ecuatorial aclaró que no invoca el derecho internacional consuetudinario como título jurídico de las zonas marítimas adyacentes, sino que argumenta que la titularidad de un Estado sobre las zonas marítimas adyacentes "se basa" en el principio de que la tierra domina el mar. Guinea Ecuatorial subraya que el derecho internacional consuetudinario "se refiere" a la delimitación de la frontera marítima de las Partes y que, por lo tanto, está comprendido en el artículo 1 del Acuerdo Especial.

*

205.  El Gabón, por su parte, invoca el "Convenio de Bata" como único título jurídico con fuerza de ley en las relaciones entre las Partes en la medida en que se refiere a la delimitación de su frontera marítima común (comunicaciones finales del Gabón, párrafo a) iii); véase el párrafo 13 supra).

206.  El Gabón sostiene, subsidiariamente, que ninguno de los supuestos títulos jurídicos invocados por Guinea Ecuatorial constituye títulos jurídicos en la medida en que se refieren a la frontera marítima común de las Partes. En cuanto a la Convención de 1900, el Gabón sostiene que guarda un silencio absoluto tanto en lo que respecta al curso como a la dirección de la frontera marítima. Si bien el Gabón acepta que la Convención de 1900 es pertinente para la delimitación marítima en la medida en que fija, en principio, el punto de partida de la frontera marítima, insiste en que esa pertinencia no la convierte en un título a los efectos de la delimitación marítima más allá de ese punto.

207.  Con respecto a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Gabón acepta que tiene fuerza de ley entre las Partes y que debe tenerse en cuenta en el contexto de las negociaciones entre ellas sobre la delimitación de sus fronteras marítimas. Sin embargo, a juicio del Gabón, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar sólo genera un derecho y no es un título jurídico en el sentido previsto en el Acuerdo Especial. El Gabón explica que, si bien la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece normas generales sobre la delimitación marítima, sólo la aplicación de esas normas en un caso concreto constituye un título jurídico.

208.  En lo que respecta al derecho internacional consuetudinario, si bien el Gabón admite que el principio de que la tierra domina el mar es pertinente para la delimitación marítima y se utiliza regularmente en la jurisprudencia internacional para establecer una frontera marítima, sostiene que el derecho internacional consuetudinario no es en modo alguno un título jurídico y no está comprendido en el artículo 1 del Acuerdo Especial.

*             *

209.  El Tribunal ya ha llegado a la conclusión de que el "Convenio de Bata" invocado por el Gabón no constituye un título jurídico en el sentido del artículo 1 del Acuerdo Especial (véase el párrafo 98 supra). Por lo tanto, la Corte sólo examinará los títulos jurídicos, tratados y convenios internacionales invocados por Guinea Ecuatorial.

210.  Guinea Ecuatorial invoca por primera vez la Convención de 1900. La Corte señala que, en virtud del Acuerdo Especial, se le pide que identifique los títulos legales "en la medida en que se refieran a la delimitación de los bienes marítimos comunes [de las Partes] . . . límites". A juicio de la Corte, tales títulos no tienen por qué ser determinantes de la delimitación marítima. El artículo IV de la Convención de 1900 determinó el límite terrestre, que sirve como "punto de partida de la frontera marítima" (véase Delimitación marítima en el Océano Índico (Somalia c. Kenia), Sentencia, I.C.J. Reports 2021, p. 240, párr. 98). La Convención de 1900 es una fuente de derechos de las Partes sobre las zonas marítimas adyacentes en la medida en que establece el término fronterizo terrestre desde el que comienza la frontera marítima. En consecuencia, la Corte concluye que la Convención de 1900 constituye un título legal en el sentido del artículo 1 del Acuerdo Especial en la medida en que estableció el término de la frontera territorial.

211.  Guinea Ecuatorial invoca entonces la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tanto Guinea Ecuatorial como Gabón son partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Guinea Ecuatorial depositó su instrumento de ratificación el 21 de julio de 1997 y Gabón el 11 de marzo de 1998. La Corte observa que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es un convenio internacional que proporciona un marco jurídico para la delimitación de la frontera marítima común de las Partes. Es pertinente para la delimitación de la frontera marítima de las Partes y puede desempeñar un papel importante en ella. Las fronteras marítimas pueden establecerse por acuerdo o mediante adjudicación de conformidad con las normas establecidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Aunque la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar puede "referirse" a la delimitación de la frontera marítima común de las Partes, no es en sí misma la fuente de un derecho a zonas marítimas específicas. Así pues, a juicio de la Corte, la Convención no constituye un título jurídico en el sentido del artículo 1 del Acuerdo Especial. Sin embargo, se trata de un convenio internacional que tiene fuerza de ley en las relaciones entre las Partes en el sentido de dicho artículo.

212.  Guinea Ecuatorial, por último, invoca el derecho internacional consuetudinario en la medida en que establece que el derecho de un Estado a las zonas marítimas adyacentes se deriva de su título sobre el territorio terrestre. Está bien establecido que "[e]l título de un Estado sobre la plataforma continental y la zona económica exclusiva se basa en el principio de que la tierra domina el mar mediante la proyección de las costas o los frentes costeros" (Controversia Territorial y Marítima (Nicaragua c. Colombia), Sentencia I.C.J. Reports 2012 (II), pág. 674, párr. 140). Sin embargo, el principio de que la tierra domina el mar no asigna automáticamente a los Estados ribereños derechos sobre zonas marítimas específicas. Si bien el principio puede "referirse" a la delimitación de la frontera marítima común de las Partes, no es en sí mismo la fuente de un derecho a zonas marítimas específicas. A juicio de la Corte, a través del artículo 1 del Acuerdo Especial, las Partes tenían la intención de solicitar a la Corte que determinara si los títulos legales invocados por las Partes tienen fuerza de ley en las relaciones entre ellas en la medida en que se refieren a la delimitación de sus fronteras marítimas comunes. A la luz de lo que antecede, la Corte concluye que el derecho internacional consuetudinario, en la medida en que establece que el derecho de un Estado a las zonas marítimas adyacentes se deriva de su título sobre el territorio terrestre, no constituye un título legal en el sentido del artículo 1 del Acuerdo Especial.

*

*             *

• PARTE DISPOSITIVA

213.  Por estas razones,

  EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

(1)  Por catorce votos contra uno,

 Declara que el documento titulado "Convenio sobre la delimitación de las fronteras terrestres y marítimas de Guinea Ecuatorial y Gabón" ("Convenio de Bata") invocado por la República Gabonesa no es un tratado con fuerza de ley en las relaciones entre la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial y no constituye un título jurídico en el sentido del artículo 1;  el párrafo 1 del Acuerdo Especial;

VOTOS FAVORABLES: Vicepresidente Sebutinde, Presidente interino; el Presidente Iwasawa; Magistrados Tomka, Abraham, Yusuf, Xue, Nolte, Charlesworth, Brant, Gómez Robledo, Cleveland, Aurescu, Tladi; Magistrado ad hoc Wolfrum;

EN CONTRA: Magistrado ad hoc Pinto;

(2)  Unánimemente

 Declara que los títulos jurídicos invocados por la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial que tienen fuerza de ley en las relaciones entre ellas en la medida en que se refieren a la delimitación de su frontera territorial común son los títulos de los que era titular la República Francesa el 17 de agosto de 1960 y el 12 de octubre de 1968 el Reino de España sobre la base del Convenio especial sobre la delimitación de los territorios franceses y posesiones españolas en África Occidental, en las costas del Sahara y del Golfo de Guinea, firmadas en París el 27 de junio de 1900, a cuyos títulos sucedieron respectivamente la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial;

(3)  Por trece votos contra dos,

 Declara que, de los títulos jurídicos invocados por la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial, el título que tiene fuerza de ley en las relaciones entre ellas en lo que se refiere a la soberanía sobre las islas de Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros y Conga es el título que ostentaba el Reino de España el 12 de octubre de 1968;  a la que sucedió la República de Guinea Ecuatorial;

VOTOS FAVORABLES: Vicepresidente Sebutinde, Presidente interino; el Presidente Iwasawa; los Magistrados Tomka, Abraham, Yusuf, Nolte, Charlesworth, Brant, Gómez Robledo, Cleveland, Aurescu, Tladi; Magistrado ad hoc Wolfrum;

EN CONTRA: Magistrado Xue; Magistrado ad hoc Pinto;

(4)  Unánimemente

 Considera que la Convención Especial sobre la delimitación de las posesiones francesas y españolas en África Occidental, en las costas del Sáhara y del Golfo de Guinea, firmada en París el 27 de junio de 1900, constituye un título jurídico en el sentido del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo Especial en la medida en que ha establecido el término de la frontera terrestre entre la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial,  que será el punto de partida de la frontera marítima que delimite sus respectivas zonas marítimas;

(5)  Unánimemente

 Declara que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 es una convención internacional con fuerza de ley en las relaciones entre la República Gabonesa y la República de Guinea Ecuatorial, en el sentido del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo Especial, en la medida en que dicha Convención se refiere a la delimitación de su frontera marítima.

 Hecho en inglés y en francés, siendo el texto inglés auténtico, en el Palacio de la Paz, La Haya, el diecinueve de mayo de dos mil veinticinco, en tres ejemplares, uno de los cuales se colocará en los archivos de la Corte y los otros se transmitirán al Gobierno de la República Gabonesa y al Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial,  respectivamente.

                                                                                 (Firmado)     Julia SEBUTINDE,

                                                                                                                                                                                     Vicepresidente.

                                                                                 (Firmado)   Philippe GAUTIER,

                                                                                            Registrador.

 El Magistrado YUSUF adjunta una opinión separada a la sentencia del Tribunal; Los Jueces XUE y AURESCU adjuntan declaraciones a la Sentencia del Tribunal de Justicia; El Magistrado TLADI adjunta una opinión separada a la Sentencia de la Corte; El Juez ad hoc WOLFRUM adjunta una declaración a la Sentencia del Tribunal; El Juez ad hoc PINTO adjunta una opinión disidente a la Sentencia de la Corte.

                                                                                         (Rúbrica) J.S.

                                                                                         (Rúbrica)                                                                                             Ph.G.

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