Malabo a oscuras: el apagón que nadie explica y todos padecen

Malabo 7 de Abril de 2026

Los apagones se han convertido en una constante en la vida cotidiana de Malabo desde el segundo semestre del año 2025. La interrupción reiterada del suministro eléctrico afecta a hogares, comercios y servicios esenciales, generando un clima de incertidumbre y malestar social. Pese a las inversiones anunciadas y a la existencia de un marco normativo que regula el sector, la prestación del servicio continúa siendo deficiente. SEGESA, la empresa pública responsable, no ha ofrecido explicaciones satisfactorias ni soluciones estructurales a un problema que se agrava con el tiempo.

La ciudad que parpadea

La excapital del país vive en un estado de intermitencia energética que condiciona su desarrollo. La electricidad, concebida como un servicio público esencial, se ha vuelto imprevisible. Las interrupciones se producen sin aviso previo y sin mecanismos de comunicación adecuados, dejando a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad. La escena es recurrente: calles sin alumbrado, comercios paralizados, estudiantes sin posibilidad de continuar sus tareas y familias que dependen de generadores privados para suplir un servicio que debería estar garantizado por el Estado.

Aunque Guinea Ecuatorial ha impulsado proyectos de envergadura, como la central hidroeléctrica de Djibloho, la energía producida no se traduce en un suministro estable. El problema radica en la red de distribución, caracterizada por transformadores saturados, líneas envejecidas, mantenimiento insuficiente y una dependencia persistente de generadores térmicos. La falta de modernización y de planificación técnica convierte al sistema eléctrico en un entramado frágil, incapaz de responder a las necesidades de una ciudad en expansión.

Un marco legal que no ilumina lo suficiente

El ordenamiento jurídico ecuatoguineano contempla normas aplicables al sector eléctrico, aunque su alcance resulta limitado para la protección efectiva del consumidor. La Ley de Tarificación Eléctrica de 2002 establece las tarifas, las condiciones de suministro y las penalizaciones por determinados consumos, pero no desarrolla un régimen de responsabilidad claro frente a interrupciones reiteradas del servicio. Se trata de una norma orientada a la regulación económica del sector, que presupone —sin garantizarlo expresamente— un suministro continuo y de calidad.

El suministro eléctrico está reconocido como un servicio público esencial, lo que implica obligaciones específicas para el Estado y para la empresa encargada de su gestión. Entre ellas destacan la continuidad del servicio, el mantenimiento adecuado de las instalaciones y la supervisión administrativa. A ello se suma la Ley Fundamental, que consagra el derecho al bienestar y obliga al Estado a asegurar los servicios básicos necesarios para la vida digna.

Sin embargo, la ausencia de una ley general de protección al consumidor deja vacíos significativos. Los derechos existen, pero dispersos y sin mecanismos eficaces de reclamación o compensación. SEGESA, como empresa pública, tiene la obligación jurídica de garantizar un suministro estable, pero la falta de transparencia, la insuficiencia de inversiones y la escasa comunicación con los usuarios dificultan la exigencia de responsabilidades.

El coste invisible de la oscuridad

Las consecuencias de los apagones trascienden lo técnico y adquieren una dimensión social, económica y jurídica. En los hogares, los cortes provocan daños en electrodomésticos, pérdida de alimentos y un aumento de la inseguridad en zonas sin alumbrado. En el ámbito empresarial, generan pérdidas económicas, paralización de actividades y una dependencia creciente de generadores privados, cuyo coste recae íntegramente sobre los usuarios. En los servicios esenciales —hospitales, centros educativos, sistemas de agua y saneamiento— los riesgos son evidentes y comprometen derechos fundamentales (derecho a la salud como mínimo).

La persistencia de esta situación exige una respuesta institucional y normativa. Es necesario modernizar la red de distribución, impulsar fuentes de energía renovable, crear un organismo regulador independiente y aprobar una ley de protección al consumidor que establezca mecanismos claros de reclamación y compensación. La electricidad no puede seguir tratándose como un privilegio incierto, sino como un derecho derivado del bienestar y de la dignidad humana.

Malabo no puede continuar viviendo entre luces y sombras. Los apagones no son un fenómeno aislado, sino el reflejo de un sistema que requiere reformas profundas. Garantizar un suministro eléctrico estable es una obligación jurídica y un compromiso ineludible con el desarrollo del país y con la protección de sus ciudadanos.