En su momento, Sergio Esono Abeso Tomo, entonces Ministro de Justicia, condenó públicamente el cobro de tasas ilegales impuestas a los familiares de los presos por el derecho de visita, señalando que se trataba de una práctica instaurada por el director general de Instituciones Penitenciarias, sin respaldo legal y sin conocimiento del ministerio. Sin embargo, un año después, siguen apareciendo denuncias sobre cobros ilegales en otros espacios de detención, como las comisarías, donde se mantiene la práctica del denominado “derecho de cárcel”, cuya ilegalidad ya advertimos desde la HDGE en nuestro análisis jurídico de 2024, y que recientemente ha sido también cuestionado por el Vicepresidente como lo refleja la revista Ahora EG en su artículo. 

Es preocupante constatar que ni los ceses de los funcionarios que estuvieron implicados en el cobro de tasas ilegales a las familias por visita a los presos, ni las promesas públicas de suspensión de haberes que anunció el entonces Ministro, han derivado en un cambio estructural sobre prácticas de esta índole. Aunque cabe señalar que tampoco se iniciaron procesos penales contra los funcionarios implicados, pese a que los hechos podrían encajar en delitos como el ejercicio abusivo del poder público y la prevaricación, tipificados en el Código Penal. 

Por eso, además de declaraciones y reuniones de alto nivel, es necesario establecer mecanismos de control que vigilen lo que ocurre realmente en las comisarías y cárceles. También hace falta formar mejor a los agentes de policía y funcionarios judiciales sobre derecho administrativo y derechos humanos en general, como parte de una política seria para prevenir estas prácticas. 

Frente a este escenario, cabe preguntarse si el verdadero problema radica en la falta de legalidad o en la ausencia de voluntad política, ya que no tiene sentido alguno tener leyes que regulen situaciones si quienes deben aplicarlas las ignoran o las tergiversan. Es injusto que, los ciudadanos tengan que pagar por estar en un calabozo sin condena firme, o por denunciar un delito, como viene ocurriendo en las Comisarías. Este tipo de prácticas representa una corrupción estructural normalizada, que convierte derechos fundamentales en servicios tasados ilegalmente.  

Resulta interesante y positivo que el Vicepresidente haya ordenado la aplicación estricta de la Ley de Tasas. Sin embargo, es imprescindible actuar con coherencia y transparencia: cumplir efectivamente lo que establece la normativa vigente y exigir responsabilidades jurídicas y administrativas a quienes sigan vulnerando las previsiones normativas vigentes.