El pasado 15 de octubre de 2024, se inauguraron las vistas públicas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre Recursos de Casación en la ciudad de Bata. Esta decisión de la CSJ de Guinea Ecuatorial de celebrar los juicios en Bata por segunda vez en 56 años ha generado diversas reacciones en los profesionales de derecho y de sus representados. Aunque podría parecer un esfuerzo por mejorar la administración de justicia o incrementar las actividades judiciales en Bata, lo cierto es que plantea una serie de irregularidades y desafíos significativos para los abogados.

En primer lugar, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la Corte Suprema de Justicia tiene su sede en Malabo, y su jurisdicción se extiende a todo el territorio de Guinea Ecuatorial. El artículo 127 de la LOPJ dispone que las actuaciones judiciales deben llevarse a cabo en la sede del órgano jurisdiccional, salvo en circunstancias excepcionales que justifiquen su traslado en aras de una mejor administración de justicia. En el caso que nos ocupa, no consta que la Corte Suprema de Justicia haya justificado la necesidad de celebrar las vistas en Bata, lo que plantea dudas sobre si dicha decisión responde a la buena administración de justicia, tal como lo establece el precepto legal mencionado anteriormente. Sin embargo, es relevante señalar que el Presidente de la Corte, Evuy Nguema Mikue está decidido a implementar un dinamismo renovado en el sistema judicial, con el objetivo de garantizar que todos los administrados tengan igual acceso a la justicia.

Según testimonios de abogados, no es habitual que las actividades de la Corte se trasladen a otras ciudades, y sigue siendo sorprendente que se haya tomado esta decisión sin una justificación clara. Por ejemplo, en España, la Corte Suprema, con sede en Madrid, no puede trasladarse a otras ciudades para celebrar juicios, ya que sus competencias son nacionales y se ejercen exclusivamente desde la capital. De manera similar, en muchos países de América Latina, las Cortes supremas no se trasladan físicamente a otras ciudades para celebrar juicios. En Chile, por ejemplo, desde 1943, el Código Orgánico de Tribunales contempla que las cortes y otras instancias puedan realizar audiencias en modalidad virtual, semipresencial o remota, y en Colombia, también existen normativas que permiten a las cortes tener audiencias judiciales en formato virtual para asegurar el acceso a la justicia en circunstancias excepcionales. 

Sin embargo, en nuestro caso, el mayor problema no es solo la falta de justificación legal,  sino también las complicaciones prácticas que ha generado para los abogados. Según los abogados entrevistados por HDGE, la notificación de los juicios se hizo con poco tiempo de antelación, lo que ha dificultado la organización de los casos, la coordinación entre abogados, y la preparación adecuada de las defensas. Muchos abogados se han visto obligados a asumir los costos de desplazarse a Bata, algo que afecta particularmente a aquellos con recursos limitados. Esto ha creado un obstáculo que podría comprometer los derechos de los representados y el adecuado desarrollo de los procesos judiciales.

Aunque el traslado de la Corte Suprema de Justicia a Bata podría parecer un paso para “dinamizar la ciudad de Bata y garantizar el acceso equitativo a la justicia”, lo cierto es que los problemas logísticos y el breve plazo de notificación han generado más complicaciones que beneficios.

Hoy, 23 de octubre de 2024, se está celebrando el último día de juicios en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de Bata, y se cerrará un proceso que, aunque poco común y polémico, ha generado tanto interés como críticas entre los abogados y juristas del país.